Congreso rechaza veto presidencial al Decreto 13-2016
Con gritos y aplausos fue celebrado en el hemiciclo parlamentario el rechazo del veto presidencial al Decreto 13-2016, que reforma el Código Penal para que los funcionarios que no asistan a las citaciones en el Congreso puedan ser sancionados con penas de prisión de dos a tres años.
El rechazo al veto del mandatario Jimmy Morales fue aprobado por 106 parlamentarios. La “primacía legislativa” quedó plasmada en el acuerdo que obliga a Morales a sancionar y publicar el decreto, que solo admite las faltas a causa de enfermedad.
Mario Taracena, presidente del Parlamento, bajó al hemiciclo para hablar con los congresistas y les dijo: “Esto es historia para la democracia, pero insisto en el llamado para no abusar de las citaciones”.
El titular del Legislativo, quien antes calificó el veto del Ejecutivo como “una patada” al Congreso, adoptó ayer un tono más conciliador y expresó: “Hay que respetar que FCN respaldó a su presidente. Esto no es un pulso, sino un llamado de atención a ambas partes. Al presidente, dejarle claro que es obligación de los funcionarios rendir cuentas y de los diputados fiscalizar. Pero debemos tener la humildad de reconocer que ha habido excesos”.
De la bancada oficial, 27 diputados votaron en contra del rechazo del veto y 7 estuvieron ausentes. Javier Hernández, jefe del bloque, dijo que la decisión mayoritaria constituye “una cacería de brujas”. Añadió: “Es lamentable. Estamos dando una herramienta de coacción a los ministros. Ahora los pueden meter a la cárcel. Aquí vamos a tener a los ministros y no sé si el pueblo estará conforme con tener acá (en el Congreso) a los ministros”.
Nineth Montenegro, jefa de bloque de Encuentro por Guatemala, declaró: “Exhortamos a los funcionarios a que denuncien coacciones o chantajes. Me congratulo, porque hoy, casi todos los partidos, hemos hecho ejercicio de independencia de poderes”.
Orlando Blanco, de la UNE, defendió el rechazo al veto y al hacer uso de la palabra en el hemiciclo apuntó: “El Congreso no puede someterse a las disposiciones de otro órgano del Estado. El presidente no le puede venir a decir a este Congreso lo que puede hacer o no. Estamos sentando un precedente histórico para la independencia de poderes”.
MENSAJE POLÍTICO
Como un hecho histórico calificó el analista político Renzo Rosal el rechazo al veto del gobernante Morales. El entrevistado indicó: “El Congreso termina estando por encima del Ejecutivo, es el mensaje político que se maneja y por otro lado se está diciendo nosotros somos independientes y no vamos a recibir órdenes del presidente del partido FCN-Nación”.
La reforma al Código Penal para sancionar a los funcionarios que no acudan a las citaciones fue propuesta por el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, quien razonó su voto haciendo alusión a que el Congreso “no puede someterse a burlas del cualquier cómico”.
Se buscó la reacción del Ejecutivo, por medio del portavoz Heinz Heimann y el secretario de Comunicación, Alfredo Brito, pero no brindaron la postura del mandatario.
En medio del debate por las citaciones, se confirmó que el primer ministro que sería interpelado, a petición del Movimiento Reformador, es el titular de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Está pendiente la fecha y la hora.
Acuerdo legislativo
Cumplimiento inmediato
El Decreto 13-2016 fue aprobado por el Congreso, el 4 de febrero pasado, con 107 votos.
Fue enviado al Ejecutivo el 17 de febrero y el presidente Jimmy Morales lo vetó por medio del Acuerdo Gubernativo 49-2016, de fecha 7 de marzo.
Entre las consideraciones del mandatario para no publicar el Decreto 13-2016 cita que se estarían violando preceptos constitucionales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Ahora el Legislativo rechaza el veto del gobernante y acuerda “devolver el expediente al Organismo Ejecutivo para que proceda a sancionar y promulgar el Decreto 13-2016”.
Por lo tanto, las reformas al Código Penal deberán ser publicadas en el diario oficial y luego de esto los funcionarios que no asistan a las citaciones en el Congreso podrán ser sancionados con penas de 2 a 3 años de cárcel.
Mario Taracena
Presidente del Congreso
“Al presidente, dejarle claro que es obligación de los funcionarios rendir cuentas”.
Javier Hernández
Bancada oficial
“Es lamentable. Estamos dando una herramienta de coacción a los ministros”.
Renzo Rosal
Analista político
“El Congreso termina estando por encima del Ejecutivo, es el mensaje político que se maneja y por otro lado se está diciendo nosotros somos independientes”.
