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La reivindicación del señor Rector

Hace más de un mes, de manera inusual y un tanto irritado, el doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos, hizo saber a los trabajadores profesionales de la tercera edad que, con base en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, su reinstalación –luego de años de lucha laboral–, ya se habría decidido, dando precisas instrucciones.

La actitud positiva del doctor Camey como Secretario y, particularmente, del licenciado Montenegro, Asesor Jurídico –sustituto del titular quien se encontraba en elecciones–, dejó grata impresión al proponer una solución pragmática y pronta, dados los daños económicos y laborales con que dichos profesionales afectados han bregado.

Y es que no ha sido de menos. Se viene reclamando, precisamente, que la Constitución Política de la República de Guatemala (1986 a la fecha) en ningún lugar señala que un trabajador guatemalteco debe ser obligado a retirarse de su trabajo por razones de edad. No merece mayor explicación, por simple y llana, comprender que constitucionalmente el trabajador puede tomar la decisión de retirarse, jubilarse, descansar de su rol social productivo cuando así lo desee.

Esa condición está en Ley, por lo tanto, la sociedad organizada en empresas e instituciones debe respetar  ese principio en sus relaciones de producción, so pena de sancionársele de actuar en contrario.

La Usac, en consecuencia, ha venido procediendo inconstitucionalmente en los casos de haber obligado a sus trabajadores a renunciar al trabajo, vía Retiro Obligatorio,  por razones de edad desde 1986 a la fecha. Esta injusticia generó la lucha de trabajadores afectados quienes, conforme procedimientos legales y con base en la exposición y el requerimiento de los Profesores Titulares de la Facultad de Derecho de nuestra Tricentenaria,dio lugar a la extraordinaria exposición de los magistrados de la Corte de Constitucional al hacer justicia y anular disposiciones de dos instrumentos internos que servían de base para ejecutar la susodicha inconstitucionalidad.

Redacción

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