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Expectativas van más allá de la depuración del Congreso

Diputados con solicitud de retiro de antejuicio por discriminación racial; denuncias de abusos de autoridad por adjudicación de plazas; gastos suntuarios excesivos; y aprobación de leyes que no llenan las expectativas de cambio de la sociedad, son varios de los señalamientos contra el actual Congreso de la República, por lo que diferentes sectores abogan por su depuración urgente.                                               Por si lo anterior fuera poco,  el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) están solicitando una serie de expedientes, ya que se detectaron plazas fantasmas en la administración pasada, cuando Luis rabbé era presidente de la Junta Directiva.

Las investigaciones también están abiertas para otros expresidentes de ese organismo, como Pedro Muadi y Gudy Rivera, quienes ya guardan prisión.

Ante el clamor en aumento, tanto el politólogo Renzo Rosal como el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, consideran que el cambio de nombres y rostros no es suficiente, si no hay una renovación dentro de las organizaciones políticas, con mayor apertura democrática y cuidado para evitar que lleguen al Parlamento personas con intereses particulares o ligados al crimen.

Por su parte, la diputada Nineth Montenegro opina que no se debe juzgar a todos los congresistas de la misma manera.

Entre tanto, al inicio de la presente legislatura, Taracena aseguró que impulsaría acciones para transparentar los excesivos gastos en el Legislativo, y una de ellas sería publicar el listado de empleados, pues a su juicio, la planilla es desproporcionada y  “en muchos casos ni llegan a trabajar”, pese a recibir salarios sumamente altos.

En efecto, el 24 de enero de 2016 se conocieron las nóminas de los renglones presupuestarios 022 y 029 de trabajadores del Legislativo y se constató que hay personas que desempeñan labores de conserje, ujier y secretaria, cobrando salarios que van de Q6 mil hasta Q76 mil al mes, como resultado de tráfico de influencias y amparados por el sindicato.

Añadió que cada diputado tiene derecho a contratar a tres trabajadores y si quieren, hasta más “pero con otros favores”.

DEPURACIÓN NO BASTA

El analista político Renzo Rosal dijo estar de acuerdo con las exigencias populares hacia el Congreso, pero considera que antes se debe definir a qué se le llama depuración. “Si a eso le llamamos  solo sacar a todos los diputados o la mayoría de ellos, no se estaría haciendo nada”, indicó.

Puso como ejemplo lo que ocurrió en 1994, cuando por primera vez, hubo un ejercicio de este tipo en el Congreso. “Se dio una suerte de limpieza, pero en lugar de corregir elementos importantes, lo único que se hizo fue cambiar de caras y llegaron otros diputados, iguales o con otras mañas”, aseguró.

Con base en esa experiencia, Rosal estima que “mientras tengamos partidos políticos como los de hoy, la depuración es insuficiente, porque lo único que se cambia son caras, edades, perfiles, pero la esencia de los parlamentarios seguirá siendo la misma”.

Como alternativa para alcanzar el objetivo de la sociedad, Rosal dijo que ahora “lo interesante es que ya se aprobaron las reformas a la Ley Electoral y de Partido Políticos (LEPP), entre ellas, un artículo que establece que después de cada elección se lleve a cabo una revisión y una adaptación para presentar nuevas reformas. Hay que aprovechar ese escenario, para que genere un nuevo paquete de reformas focalizadas”, argumentó.

El politólogo afirmó que, independientemente de cambiar a los diputados, se debe trabajar para mejorar la representatividad en el Congreso y revisar modelos de inclusión política. “Para eso es fundamental la democratización de los partidos políticos; es decir, cómo forzarlos a cambiar elementos de fondo, para que en buena medida, haya una renovación integral”, puntualizó.

ESPERAN NUEVA LEY

Otro señalamiento recurrente contra el Congreso es que cuenta entre sus filas con diputados ligados a empresas contratistas del Estado, por lo que también se esperan cambios en ese aspecto para que el Legislativo deje de ser un centro de negociación para distribuir y ejecutar los recursos públicos.

Sobre esto, Taracena coincidió en que una depuración no serviría “si solo se habla de cambios de diputados”.  Agregó que “cada cuatro años hay elecciones y nuevas normas para asumir; por ello es importante que los partidos políticos busquen la manera de llevar la mejor gente al Legislativo”.

Al ser consultado acerca del exceso de personal y el favoritismo con los salarios, dijo que tomará la decisión de indemnizar a buena parte del personal y se harán  contrataciones con base en la nueva ley orgánica del Legislativo, que aún está en análisis.

Guatemala se va a indignar, pero tengo que indemnizarlos. Hicimos un cálculo y si seguimos como vamos, en cuestión de cuatro o cinco años estaremos gastando Q137 millones al año en sueldos.  Mejor pago Q30 millones ahora (en pasivo laboral), expuso.

En relación con “los malos diputados”, el presidente del Legislativo dijo que ellos tendrán que solventar su situación ante los tribunales.

Por aparte, Nineth Montenegro, jefa de bancada de Encuentro por Guatemala (EG), indicó que no sería justo calificar a los 158 diputados por igual, ya que siempre se generaliza por el mal actuar de algunos y la depuración no se podría aplicar para todos.

“No se puede decir que los 158 diputados deben irse. ¿A cuenta de qué? Quien cumple con su deber como debe ser, no puede salir por la puerta de la cocina”, expresó, por lo cual sugirió que debe identificarse a los diputados que  están actuando mal.  Agregó que “ahora se están haciendo muchas cosas para cambiar el Congreso. Por ejemplo, la Ley Orgánica que busca regular la contratación de personal capacitado, y no a familiares de diputados, como se ha hecho en las administraciones anteriores”.

En resumen, Taracena dijo que “ya se escuchan los pasos de un animal gigante”, haciendo referencia a las investigaciones que realizan el MP y la Cicig en busca de pruebas por diversas anomalías denunciadas, lo  que daría lugar a que se lleve a cabo la anhelada limpieza del Organismo Legislativo y el procesamiento de los diputados que hayan cometido delitos.

Purga en el Legislativo

Una exigencia recurrente

El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente del Ejecutivo, Jorge Serrano Elías, dio un autogolpe de Estado, al disolver los tres organismos del Estado. Una de sus justificaciones fue la necesidad de depurar el Congreso, pero fue hasta 1994 (durante el gobierno de transición de Ramiro de León) cuando los conflictos entre diputados,  principalmente de la Unidad del Centro Nacional (UCN) y Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), finalizó con la renuncia de 71 legisladores, de los cuales, 16 eran calificados como depurables por los mismos legisladores. La mayoría eran tránsfugas que integraban el partido UCN.

En 2012, cuando el Congreso era presididido por Gudy Rivera, hubo un intento de depuración, debido al actuar de las bancadas Libertad Democrática Renovada (Lider), Partido Patriota (PP), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos.

En 2013, la petición de limpiar el Congreso volvió a surgir, con Pedro Muadi de presidente, debido al bajo rendimiento de los diputados y por las contrataciones de personal.

Renzo Rosal

Politólogo

“Si solo se saca a los diputados, no se estaría haciendo nada”.

Mario Taracena

Presidente del Congreso

“Ya se escuchan los pasos de un animal gigante”.

Nineth Montenegro

Diputada de EG

“Quien cumple con su deber, no puede salir por la puerta de la cocina”.

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