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Levantan su voz por seguridad y empleo

La Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conanmi) y Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Guatemala, realizaron una conferencia de prensa en un hotel capitalino, en la cual denunciaron la ausencia de políticas de gobierno frente a la violencia que sufre la adolescencia y juventud trabajadora a diario.

Según los datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), un promedio de dos  menores de edad son asesinados a diario en Guatemala, y la mayoría de casos son con  arma de fuego. Las cifras indican que la violencia le ha quitado la vida a niños entre 1 a 9 años, inclusive.

Las entidades resaltaron que Guatemala es un país joven, ya que la mayoría de su población es de menores de edad y adolescentes, lo cual tendría ciertas ventajas si el Gobierno designara más recursos en salud, educación, desarrollo y trabajo.

“Las y los jóvenes trabajadores queremos empleo estable, con salarios de ley y políticas de creación de trabajo digno”, comentaron los representantes de JOC, quienes agregaron que a diario sufren los atropellos, principalmente en las empresas de maquila. “Hemos sido obligados a aceptar esos trabajos, casi como la única fuente de empleo a la que podemos acceder. Vivimos la explotación”, manifestaron.

Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan que en la mayoría de actos criminales está involucrado por lo menos un menor de edad, dedicados al sicariato o las extorsiones.

El abogado penalista Luis Montoya, explicó que las pandillas criminales como la Mara 18 y Salvatrucha, utilizan a los niños para cometer los hechos, ya que las sentencias que reciben son mínimas, “y al recibir una sentencia mayor, salen a los 18 años”. Muchos de los menores se involucran a estructuras por la mala economía en el hogar, según el análisis de las entidades antes mencionadas.

Conanmi y JOC,  exigieron al gobierno del presidente Jimmy Morales implementar buenas políticas que involucren a la población joven. “Si no se preocupa por educar, Guatemala será aun más violenta”, indicaron.

Las peticiones se hicieron con el respaldo del Decreto 27-2003 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual obliga al Estado de Guatemala a garantizar un desarrollo integral y sostenible a la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos.


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