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La caja de Pandora tropical sigue produciendo

En uno de nuestros primeros comentarios editoriales sobre el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) nos aventuramos a anticipar que, cual caja de Pandora tropical, saldrían de ahí –dijimos el 21 de abril último- “los grotescos esperpentos de un sistema que está quedando al desnudo”.

Esta visión prospectiva se ha venido confirmando paso a paso, al punto de que los hechos consumados ya no representan mucha novedad, aunque sí ofrecen giros inesperados. Tal es el caso de la renuncia presentada ayer por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, cuyo proceso de antejuicio estaba en pleno desarrollo.

En efecto, sobre la marcha, el jueves 12 de mayo se integró en el Congreso de la República la comisión pesquisidora que tendría a cargo dictaminar si habría mérito para levantar la inmunidad a Aguilar. De hecho, la referida comisión inició sus trabajos ayer mismo, casi en paralelo con la conferencia de prensa en la que el magistrado daba a conocer la misiva a través de la cual presentó su renuncia.

Llama la atención el tono de la carta de Aguilar, en la que hay una mezcla de juramentos de inocencia y disposición a que se le investigue, con reproches no tan velados a sus ex compañeros magistrados de la CSJ, a quienes manifiesta preocupación por la forma en que  condujeron en su caso, el que habría sido abordado lejos “de toda realidad jurídica, lo cual me dice poco de mi proceso legal y mucho de quienes juzgaron”.

También lanza sutiles dardos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público, pero sobre todo arremete contra el Legislativo, al cual señala de haber nombrado una comisión pesquisidora cuyos integrantes “sean acusadores y jueces, afectando la transparencia y logros de ese alto Organismo del Estado”.

No conforme, resbaló con el viejo refrán guatemalteco según el cual “el que se enoja, pierde”, pues dijo en la conferencia de prensa que el proceso de antejuicio es “un show político” y que, para no prestarse a él, prefiere renunciar y dar la cara al proceso judicial subsiguiente.

Si estos últimos argumentos recuerdan expresiones similares, por ejemplo, de Otto Pérez Molina, no es mera casualidad: parecen patadas de ahogado de quienes se sienten acorralados por las evidencias de su presunta culpabilidad.

Si bien la renuncia de Aguilar libera al Congreso de los apremios que obligaron a convocar una plenaria extraordinaria para conocer el dictamen de la Comisión Pesquisidora, no lo exime de una responsabilidad en relación con el magistrado dimitente: aceptar formalmente la declinación del cargo y nombrar a quien habrá de sustituirlo.

Es de esperar que el Congreso no se equivoque en esa escogencia. Pero ya será otra historia.


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