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Policía dispersa marcha con gases lacrimógenos

Los cuerpos de seguridad de Venezuela terminaron con varias de las marchas convocadas por la oposición, que pretendían llegar hasta las sedes del Poder Electoral para presionar a las autoridades a que cumplan los tiempos para un referendo que pueda revocar el mandato de Nicolás Maduro.

Al menos en cinco ciudades del país, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y de la Guardia Nacional (GNB) dispersaron las marchas que pretendían llegar hasta el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE).

En Caracas los manifestantes opositores, acompañados de los principales líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fueron dispersados con gases lacrimógenos luego de que insistieran en su intento por marchar, sin permiso, hasta el municipio Libertador, sin que se registraran mayores daños.

En la ciudad de Mérida, a unos 700 kilómetros de la capital venezolana, se registraron, según los voceros de la MUD, algunos heridos por disparos de perdigón tras las acciones de los cuerpos de seguridad por disolver la manifestación que, al igual que en la de la capital venezolana, fue convocada en 23 ciudades del país.

En los estados Carabobo, Barinas, Zulia, Mérida, y Nueva Esparta se registraron eventos similares, sin que hasta el momento se conozca un saldo de los daños.

La marcha de Caracas se hizo pese a que durante los últimos días, las autoridades, entre ellos el propio Maduro, advirtieron que estaba prohibido que la marcha avanzara hasta ese territorio, gobernado por el chavismo.
El Gobierno sostiene que los opositores intentan con estas marchas promover la violencia en el país y general un clima de caos.

TransparenciaTemen represión

La ONG Transparencia Internacional (TI) expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno venezolano utilice el decreto de estado de excepción y emergencia económica para oprimir a los sectores de la sociedad civil que se enfrentan o cuestionan al Ejecutivo.

“La situación extrema en Venezuela, donde la gente corriente está sufriendo como consecuencia de las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pretexto para atacar y oprimir a la sociedad civil”, advirtió el presidente de TI, el abogado peruano José Ugaz, en un comunicado.


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