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Se incrementa 73 por ciento el dinero sospechoso de lavado

El titular de la Superintendencia de Bancos (Sib), José Alejandro Arévalo, informó que se ha incrementado un 73% el monto del dinero que se sospecha es lavado, con cifras al 20 de mayo. “En 2016 se estima un monto de lavado de Q1,052 millones, si lo comparamos con años pasados, a la misma fecha, en 2015 eran Q608 millones; en 2014, Q647 millones; en 2013, Q491 millones, y en 2012, Q301millones”, explicó el funcionario.

Agregó que respecto al reporte de transacciones sospechosas, se tienen 536 operaciones de dudosa procedencia, lo que significa un incremento del 24% en relación con el año pasado.

“Si comparamos con los años anteriores, a marzo de 2015, eran 433; en 2014, se reportaron 296; en 2013 fueron 177, y en 2012 eran 163, lo cual evidencia un incremento sostenido en los reportes financieros”.

Arévalo dio a conocer estas cifras después de inaugurar el XII Congreso para la Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que están llevando a cabo la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Escuela Bancaria de Guatemala, el cual concluye este día con las presentaciones de los conferencistas Guillermo Pineda, de la ABG; Sven Stumbauer, de AlixPartners; Marlon Orantes, de Itaú Unibanco, y Juan Fernando Argueta, intendente de Verificación Especial de la Sib.

Saldo del fopa

Por aparte, el presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat), Sergio Recinos, comentó que “el fondo para la protección del ahorro está bien capitalizado. Estamos hablando de más de Q3 mil millones, y uno de los aportes más relevantes lo constituyen las cuotas que aportan cada una de las instituciones financieras del país, lo cual es importante para la red de protección de seguridad del sistema”.

Casos de corrupción

El 16 de abril de 2015 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) realizaron un amplio operativo en el caso La Línea, por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la que se dedicaba al contrabando, la defraudación tributaria y el lavado de dinero en las principales aduanas del país.

Se estima que la estructura se apropió de Q28 millones 556 mil en un año y en el caso están implicados la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.

Aparte, el 20 de mayo de 2015, el MP y la Cicig capturaron a directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., por un contrato anómalo de Q116.2 millones. Entre los implicados están el expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, Otto Fernando Molina Stalling y Julio Roberto Suárez, presidente de la Junta Monetaria y del Banguat.

El más reciente caso de defraudación fiscal revelado es el de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que está involucrado el gerente Juan José Suárez, quien al parecer habría pagado Q96 millones en sobornos. En este caso, también están procesados judicialmente Juan Carlos Monzón, y los ex mandatarios Pérez Molina y Baldetti.

José Arévalo Jefe de la Sib

“Estamos de acuerdo con la SAT, pero se debe hacer conforme con la Constitución”

Sergio Recinos Presidente del Banguat

“Nosotros consideramos que sí debería tener acceso, siempre y cuando se siga el debido proceso”.

536  reportes de transacciones sospechosas se han registrado este año

608 millones de quetzales se sospechaba que eran ilícitos el año pasado

Apoyo parcial a eliminación Secreto Bancario

Respecto a eliminar el secreto bancario, según lo proponen las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tanto Arévalo como Recinos indicaron estar de acuerdo, ya que ello ayudaría a realizar investigaciones de defraudación tributaria.

“Estamos de acuerdo con la SAT, pero se debe hacer de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala”, comentó Arévalo.

Recinos manifestó que “nosotros consideramos que sí tendría que tener acceso, siempre y cuando se siga con el debido proceso, porque hay un mandato constitucional. Lo que hay que hacer es regular ese secreto bancario de modo que la SAT  pueda acceder a la información para fines tributarios”.

Este tema se encuentra en discusión en el Congreso de la República en el marco de las reformas a la ley de la SAT para que esta institución pueda cotejar la información de las cuentas bancarias con los ingresos de los contribuyentes, lo cual sería una herramienta para identificar posibles casos de evasión, defraudación tributaria y aduanera.

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