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Cómo cuesta ponerse de acuerdo

Mario Pérez Guerra

Abogado

Y no es para menos. Imagínese estimado ciudadano: es ni más ni menos que decidir sobre la participación suya en la toma de las grandes decisiones del Estado que afectarán directamente en su vida y en su bolsillo. Veamos un poco el trabajo realizado: recuerda que el año pasado, el 25 de abril de 2015, se realizó la primera gran manifestación en la Plaza de la Constitución para exigir cambios de alto nivel en el Gobierno de la República. Dentro de las exigencias estaba también apresurar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Los grandes desafíos eran regular lo relativo a la democratización y el financiamiento de los partidos políticos, el voto nulo vinculante, el número de diputados, la no reelección, la participación paritaria y varios temas más. El Congreso de la República instaló mesas de diálogo, en las cuales se discutió ardorosamente las reformas, el personal congresil tomo nota de todo, para que luego, ese material sirviera de insumo a los diputados y formular un proyecto de ley (que no se llama iniciativa de ley como erróneamente le denominan muchos). El Congreso de la República, con anterioridad, había remitido a la Corte de Constitucionalidad, previo a su aprobación, el proyecto con las reformas discutidas con anterioridad de tal manera que, ahora la exigencia era que la Corte de Constitucionalidad emitiera el dictamen correspondiente para establecer si dichas reformas no colisionaban con la Constitución Política de la República.

El dictamen fue emitido por la Corte de Constitucionalidad con las reformas inicialmente conocidas. Desconozco si hubo nuevas reformas, las cuales constitucionalmente debían ser dictaminadas por la Corte de Constitucionalidad. El Proyecto de reformas fue finalmente aprobado y enviado al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Y aquí viene la gran colisión. El Presidente de la República anuncia que las reformas no responden al clamor popular y que realizará un diálogo con el pueblo para conocer su opinión. El presidente del Congreso, a su vez, anuncia que si el presidente no sanciona o veta el proyecto de ley, entonces él lo promulgará y publicará para que entre en vigencia. Choques innecesarios que alteran el ánimo de muchos guatemaltecos y conducen al fanatismo y a la confrontación. En efecto, cuando un proyecto de ley aprobado es enviado al Organismo Ejecutivo, el Presidente de la República tiene 15 días (se entiende hábiles) para sancionarlo, promulgarlo y enviarlo a publicación, o bien para vetarlo.

El Presidente, dentro de esos 15 días, puede consultarlo con sus ministros, sus asesores o con quien desee, para luego, en Consejo de Ministros tomar la mejor decisión. Lo importante es saber que dispone de 15 días para reflexionar sobre el mismo. Ahora, si el Presidente de la República no devuelve, dentro del plazo establecido, la ley sancionada o vetada, el Congreso en uso de la primacía legislativa, activará el procedimiento de promulgación y publicación. No obstante, lo anterior, debe tenerse presente el artículo constitucional 175 que dice: “Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.” Digo esto porque si hubo enmiendas posteriores al dictamen de la Corte de Constitucionalidad, las mismas debían ser objeto de nuevo dictamen de la mencionada Corte.

Cualquier error de procedimiento en cuanto a las enmiendas o nuevas reformas que carezcan del dictamen de la Corte de Constitucionalidad o variar el texto de la reforma con dictamen favorable, puede constituir un vicio interna corporis, que harían nulas las reformas aprobadas.

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