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Una herencia de derroche y corrupción

La herencia de los partidos Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder) es de derroche y corrupción. Las dos organizaciones más grandes de la legislación pasada se encargaron de generar gastos innecesarios y compromisos millonarios para un Congreso poco productivo y, sobre todo, cargado de trabajadores sin nada qué hacer.

Los ejemplos no son pocos. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han revelado cientos de puestos que, en el mejor de los casos, se han otorgado a través de contrataciones llenas de irregularidades, pues muchas de ellas incluso llegan al nivel de plazas fantasmas.

Las denuncias y acusaciones de ambas instituciones han dado lugar a la captura de varios excongresistas, así como la solicitud de antejuicios en contra de otros que aún conservan la calidad de legisladores y, por tanto, la credencial de impunidad que el cargo les otorga.

Tres expresidentes de ese organismo del Estado son acusados de múltiples contrataciones presuntamente ilegales, así como de facilitar a sus correligionarios la posibilidad de contar con plazas para pagar favores políticos a costa del erario nacional, que con esfuerzo y trabajo aportan miles de guatemaltecos.

Siglo.21 le ha dado seguimiento a cada una de estas denuncias, en concreto al caso denominado Plazas Fantasmas. Pero entre más se investiga, más irregularidades se encuentran. En una investigación particular de este diario se detectó que al menos 160 empleados del Congreso viven como en la gloria, gracias a los partidos Patriota y Líder: ganan buenos salarios y no hacen absolutamente nada.

Entre 2012 y 2014, el tiempo de control y poder de los patriotas, contrataron a 62 personas. Los restantes 98 colocados son responsabilidad del partido que ya se hacía en el poder e hizo lo que quiso el último año de la legislatura.

Esa plantilla nos cuesta a los guatemaltecos nada más y nada menos que una suma que supera los Q41 millones al año. Ese dinero, en lugar de servir para pagar facturas políticas o mantener a ese grupo de personas sin oficio, bien podría utilizarse para comprar medicamentos para los hospitales que tanto lo necesitan. O bien para mejorar infraestructura educativa y permitir que muchos niños reciban sus clases en condiciones humanamente adecuadas.

Arístides Baldomero Crespo Villegas y Luis Armando Rabbé Tejada son los dos mayores responsables de ese derroche. Pedro Muadi, expresidente del Congreso y actualmente en la cárcel, también hizo lo suyo.

Las investigaciones del MP y de la Cicig aún no concluyen, como lo han advertido sus dirigentes. Así es que, muy probablemente, no pase mucho tiempo sin que los guatemaltecos conozcamos detalles sobre esta herencia de derroche y corrupción.


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