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Caso Siekavizza y otros de alto impacto resolverá nuevo juzgado

El personal del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, trabaja a toda máquina para ordenar los expedientes de juicios a su cargo recibidos antes de marzo de 2015. La misión: trasladar los sumarios al recién creado Juzgado de Mayor Riesgo D, para desentrampar procesos de alto impacto, como los casos Siekavizza, Chico Dólar, Guayo Cano y varios de extorsión y secuestro.

La decisión del traslado de expedientes se tomó para poner fin a la mora judicial en esa judicatura, debido a que el Juzgado B se vio sobrecargado a partir de abril de 2015 por los casos de escándalos de corrupción, tras la desarticulación de la red de defraudación aduanera La Línea, liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, según la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Hace poco más de un año la Fiscalía  Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó al juez Gálvez emitir alrededor de 30 órdenes de captura en contra de exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), operadores de las diferentes aduanas, abogados y tramitadores, así como del ex binomio presidencial, y a partir de entonces se destapó una serie de nuevas tramas para saquear al Estado, de acuerdo con el MP y la Cicig.

Esa avalancha de expedientes ahogó la agenda del juzgador Gálvez, quien se vio obligado en suspender varias audiencias, entre estas la del inicio de juicio en contra de Roberto Barreda, acusado de haber dado muerte a su esposa, en 2011. La audiencia había sido reprogramada para inicios de julio del presente año, pero será suspendida de nuevo y será trasladado el caso al nuevo juzgado D.

Efecto dominó

Tras la desarticulación de La Línea, ese caso reveló otros tres frentes de corrupción, entre estos el contrato de usufructo entre la Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal, con el cual Baldetti y Pérez recibieron cantidades millonarias, cuyo caso fue denominado TCQ.

De manera paralela, el juez Gálvez vuelve a girar órdenes de captura, esta vez en contra de grandes empresarios y funcionarios públicos, quienes habrían colaborado en la creación de plazas fantasmas para financiar la campaña que llevaría al poder al ex binomio presidencial Pérez Molina y Baldetti en 2012. En ese caso, llamado Cooptación del Estado, están involucradas 57 personas.

Dichos expedientes han sido conocidos de forma continua por el togado, lo cual ha provocado una mora judicial, ya que el resto de casos que estaban a cargo de dicho órgano se han ido aplazando de forma constante, y en una nueva reprogramación estos son suspendidos de nuevo.

La última denuncia que recibió el juez Gálvez fue nombrada por el ente acusador como La Cooperacha, en la cual están involucrados exfuncionarios, entre estos los exministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla; de la Defensa, Ulises Anzueto y Manuel Ambrosio, así como el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez.

Según las investigaciones, los antes mencionados habrían hecho aportes para comprarle lujosos regalos de cumpleaños a los exgobernantes Pérez Molina y Baldetti por un monto de Q33 millones. Por dicho caso están prófugos de la justicia Erick Archila, exministro de Energía y Minas, así como Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Tras la mora creada, autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron crear un nuevo juzgado de mayor riesgo; sin embargo, aún se desconoce dónde será instalado y el juez que estará al frente.

El portavoz de la CSJ, Ángel Pineda, explicó que en la reunión del pleno de magistrados de la presente semana podría definirse el nombre del juez que estaría asumiendo como togado de mayor riesgo. Indicó que existen varias propuestas; sin embargo, esto debe efectuarse mediante una votación de los magistrados del órgano de justicia.

Lavado y narcos

Según la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo B, los casos relevantes que estaría conociendo el nuevo órgano son Siekavizza, en el cual el juez Gálvez ya decidió enviar a juicio a las partes procesales. Otro de los expedientes sería el denominado Chico Dólar, en el cual está involucrado el ex vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Edgar Barquín.

El caso denominado Guayo Cano era otro de los que estaban a cargo del togado Gálvez, y pasará al D. En dicho expediente son procesados presuntos narcotraficantes, quienes operaban en Huehuetenango, y habrían asesinado a nueve policías en la estación Salcajá, Quetzaltenango.

Existe otra cantidad grande de expedientes en los cuales se imputan los delitos de asesinato, asociación ilícita, secuestro y extorsión. La secretaria del Juzgado B indicó que el juez Gálvez debe reunirse con la persona designada para explicarle cómo quedó cada expediente; asimismo, el asistente del Juzgado B estará brindando apoyo al D.

Caso Agua Mágica

En camino al Juzgado de Mayor Riesgo C

El Juzgado de Mayor Riesgo C fue creado para hacerse cargo de casos relevantes, principalmente relacionados con asesinatos y narcotráfico, pero todo apunta a que también se hará cargo del caso Agua Mágica, en el que figura la exvicepresidenta Roxana Badetti, junto con su hermano, como cabecilla de una red para defraudar al Estado, mediante un contrato con una empresa israelí, que aplicaría una fórmula para limpiar el Lago de Amatitlán, la cual se determinó que solo era agua con sal, pero se pagaron Q22.8 millones.

Dicho caso se llevaba en un juzgado de Villa Nueva. Sin embargo, por lo complejo y las personas involucradas, el Ministerio Público solicitó que fuera trasladado a un órgano de alto impacto, y se prevé que será el Juzgado de Mayor Riesgo C.


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