Juez Gálvez: “Tengo los pantalones bien amarrados”

Carlos Foronda

Siglo.21

“Usted no se preocupe, tengo los pantalones bien amarrados”, respondió el juez Miguel Ángel Gálvez, tras escuchar la solicitud de la abogada Rosario Acevedo Peñate, defensora del exministro de la Defensa,  Manuel Augusto López Ambrosio, uno de los 57 sindicados en el caso de corrupción Cooptación del Estado, de que emita, al final, una resolución favorable para su patrocinado.

Acevedo Peñate indicó que las pruebas que tiene en su poder el Ministerio Público (MP) no son suficientes y que están basadas en lo declarado por el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.  Agregó que Monzón tendría que estar arrodillado ante la justicia en estos momentos, no ser su defendido.

“Por culpa de todas sus mentiras, muchas personas inocentes están en esta sala en estos momentos sufriendo, encerradas y pasando por un juicio”, afirmó la defensora de López Ambrosio, acusado de colaborar con dinero ilícito en la compra de regalos millonarios para los cumpleaños del expresidente Otto Pérez Molina.

Al final de su exposición, la profesional del Derecho arremetió contra el Ministerio Público (MP) al indicar  que “solo quieren  subir el rating”.

ESPERAN DECISIÓN

El juez Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, indicó que espera emitir la próxima semana una resolución justa y apegada a la ley, una vez terminen las intervenciones de los abogados defensores.

Los fiscales del MP hicieron uso de la palabra al final de la audiencia, detallando cómo se lavaba el dinero en toda la estructura para también dar financiamiento ilícito al Partido Patriota, que llevó al poder a Pérez Molina y Baldetti, actualmente en prisión.

Explicaron que las empresas que formaron parte de Grupo Estrella son las siguientes: La Montaña Ecológica, Publiases, Serpumer y Publimerc, todas estas relacionadas, según el MP, con la exmandataria Baldetti.

Según lo expuesto, Grupo Estrella no contaba con una una planilla ni mucho menos trabajadores, y todas las actividades reportadas eran inexistentes.

Además, emitían facturas  por servicios que nunca prestaron y así podían mover  los fondos para financiar las candidaturas del exbinomio presidencial.