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Acuerdo Nacional por el Agua

El pasado 12 de julio, siete instancias del ámbito nacional convocaron a una serie de 21 diálogos para construir un Acuerdo Nacional por el Agua. Estos se llevarán a cabo en igual número de departamentos, en los Centros Universitarios de la Usac, entre el 19 de julio y el 20 de agosto.

La Universidad de San Carlos (Usac), la Asamblea Social y Popular, la PDH, las Iglesias católica y evangélica, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Parlamentaria de Recursos Hídricos tendrán a su cargo la parte operativa de los diálogos departamentales, en los cuales podrán participar todas las organizaciones, gremios, e instancias con interés en la temática hídrica. No habrá limitaciones ni restricciones de ningún tipo; el único requisito es que se registren y que respeten las normas parlamentarias.

En cada diálogo departamental se tratarán tres grandes temas: la conflictividad del agua y propuestas de solución; la gobernanza o administración del agua, y la normativa del recurso hídrico. Los subtemas conexos podrán incluirse en el tema que más se asemeje. Por ejemplo, los pueblos originarios que ya cuentan con un sistema consuetudinario de normas para administrar el agua podrán inscribirse en el tema de normativa.

El objetivo de este proceso de consulta será alcanzar un Acuerdo Nacional sobre el Agua, que se materialice en tres instrumentos: un documento que contenga los principios rectores sobre el recurso hídrico; una política nacional y una ley sobre el sistema hídrico del país.

La información recabada en los diálogos será trasladada a la Comisión Parlamentaria de Recursos Hídricos para que, de manera democrática y participativa, formule una iniciativa de ley con el respaldo de toda la ciudadanía. Posteriormente, esta iniciativa será validada en cuatro encuentros regionales, en el norte, occidente, oriente y sur del país. De tal manera que cuando se conozca en el Congreso, deberá ser respetada por los diputados, pues contará con la representación y legitimidad de quienes los eligieron.

Es necesario recordarles a los parlamentarios que el poder soberano para determinar el contenido de una ley radica en el pueblo, quien se los delega a ellos temporalmente. En este caso, el pueblo de Guatemala ejercerá su poder soberano de manera directa, al haber sido consultado en cada departamento y región. Por lo tanto, los diputados recibirán un mandato popular que deben acatar y aprobar.

No tardarán en surgir los cuestionamientos de aquellos pequeños grupos que no quieren someterse a la voluntad popular, pues están acostumbrados a imponer sus opiniones mediante negociaciones espurias, conciliábulos de capilla, o el vulgar carpetazo del dinero o la represión. Ahora tendrán la oportunidad de participar en una consulta nacional, y podrán demostrar si verdaderamente tienen alguna representación ciudadana, haciendo valer sus opiniones por la vía del debate respetuoso y el consenso.

Será importante la participación de los sectores empresariales, para evitar el uso desmedido e indebido del agua, presentando propuestas racionales sobre el uso industrial del recurso hídrico,  respetando postulados de validez universal: el agua para consumo de la población es un derecho humano, que en Guatemala debe ser de un mínimo de 100 litros por persona al día; el agua para la producción de alimentos es prioritaria; las comunidades productoras de agua deben ser compensadas, y el uso del recurso debe respetar el ciclo del agua. La consigna debe ser: ¡Agua de calidad para todos!

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