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Inmunidad e irresponsabilidad

“Los representantes son inviolables por sus opiniones emitidas de palabra o por escrito en el exercicio de su cargo: no podrá reconvenírseles por ellas en tiempo alguno, ni por ninguna autoridad,  y durante las sesiones y un mes después, tampoco podrán ser demandados civilmente, ni executados por deudas”. Tal es el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Guatemala sancionada el 11 de octubre de 1823. Repite, casi textualmente, el artículo 63 de la Constitución Federal de 22.11.1824 y que –con el número 61— lo conservó su reforma decretada en 1835.

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La Ley Constitutiva de la República de Guatemala decretada el 11.12.1879 dispuso en su artículo 44 que los diputados, “desde el día de su elección, gozarán de las siguientes prerrogativas: 1º. Inmunidad personal para no ser acusados ni juzgados si la Asamblea no lo autoriza previamente […]; 2º. Irresponsabilidad por todas sus opiniones, por su iniciativa parlamentaria y por la manera de tratar los negocios en el desempeño de su cargo”. La parte medular de esta norma se ha mantenido vigente hasta la fecha, como lo demuestran los artículos 107 de la Constitución decretada en 11.03.1945, 137 de la Constitución decretada el 02.02.1956, 160 de la decretada el 15.09.1965 y 161 de la que  actualmente nos rige.

Afirma Rubén Hernández Valle (Derecho parlamentario costarricense, 2000) que: “la inviolabilidad o irresponsabilidad es un privilegio de carácter sustantivo […] en cuanto determina la irresponsabilidad civil y penal por los actos y opiniones de los diputados en el ejercicio de la función parlamentaria” y que “la inmunidad constituye […] un privilegio de orden personal, dado que introduce un elemento diferenciador, respecto de los demás sujetos del ordenamiento, en la forma de perseguir judicialmente a los diputados. […] la inmunidad tutela al miembro de la Asamblea por actos ajenos a su cargo […] la inviolabilidad […] cobija actos típicos de la función parlamentaria.” (P. 125).

“La expresión ‘prerrogativas’, es utilizada en Derecho parlamentario como sinónima de ciertas excepciones o garantías de que gozan los diputados y senadores en orden al mejor desarrollo de sus funciones […] Se hallan consagradas por una tradición aceptada en el Derecho constitucional de casi todos los países. En sentido moderno, fueron establecidas con ocasión de los  acontecimientos revolucionarios vividos por la Francia de 1789. […]”, explica Plácido Fernández-Viagas Bartolomé (La inviolabilidad de los Diputados y Senadores. La crisis de los “privilegios” parlamentarios, Editorial Civitas, 1ª edición, 1990, página 13). Y para el Tribunal Constitucional español su objetivo común es “garantizar la libertad y la independencia de la institución parlamentaria”. (S. 243/1988, de 19.12.1988).

Sirva lo anterior para contextualizar el caso suscitado con motivo del antejuicio promovido por el director de un hospital contra el diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso por los delitos de difamación, denuncia falsa y abuso de autoridad (elPeriódico, 17.07.16) por hechos originados en sede legislativa formulada por la mencionada comisión.

La parte medular de esta norma se ha mantenido vigente hasta la fecha, como lo demuestran los artículos 107 de la Constitución que  actualmente nos rige. 

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