Home > Columnas > La autonomía del IGSS

En la columna de hace ocho días -La Ley Orgánica del IGSS-  concluimos con la mención de un contundente mandato constitucional: la aplicación del régimen de seguridad social corresponde al IGSS.  Aplicar, según el Diccionario de la Lengua Española significa emplear o administrar.  Es decir, que al IGSS le corresponde administrar ese régimen único, público y obligatorio que establece la Carta Magna.

.

No es cierto, en consecuencia, que el IGSS sea el ente rector del régimen. Es el responsable de dirigirlo. La rectoría sectorial deriva de otro mandato constitucional (Artículo 134). La obligación del municipio y de las entidades autónomas y descentralizadas de coordinar sus políticas con la política general del Estado y con la especial del ramo a que correspondan. Mandato que obedece a la  necesidad de que la actuación del Estado sea coherente, de mantener su unidad de propósitos. El concepto de rectoría es definido por el artículo 23 de la Ley del Organismo Ejecutivo, indicando que los ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada ministerio. Esto no los hace los jefes de todas las instituciones del sector, especialmente si estas gozan de autonomía. Lo que deben hacer, según la ley, es ejercer un papel de coordinación y facilitación, propiciando la comunicación y la cooperación. Principios que son esenciales para el funcionamiento de la administración pública. Ya la Corte de Constitucionalidad (CC) señaló en una oportunidad que coordinación, en este caso, no significa subordinación.  Se coordina a los subordinados. Y se coordina con los iguales o autónomos.

En el caso del  IGSS la obligación de coordinar está remarcada por el mismo artículo 100 constitucional, cuando le indica que debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. En ningún momento lo pone a los órdenes del Ministerio de Salud Pública.

Volviendo a la expresión “la aplicación del régimen”, en una ocasión comentamos con nuestro querido y sabio colega de Asíes, Carlos Escobar Armas, que un símil puede ser el caso de la Universidad de San Carlos, a la cual le corresponde dirigir, organizar y desarrollar la educación superior estatal.  El Congreso incurriría en violación a la Constitución si creara, por ley, una nueva facultad, estableciera carreras universitarias, o los requisitos para un doctorado.

Así que una intervención del Congreso, reformando el IGSS para ordenarle que dé la opción de contratar seguros privados o lo obligue a transferir a administradores privados los fondos de pensiones, sería una extralimitación legislativa y una clara violación constitucional.

Así lo considera la CC en sentencia del 2 de febrero de 1998 (Exp. 1462-96)  cuando asienta, con respecto a las entidades cuya autonomía deriva de un mandato constitucional, como es el caso del IGSS, que estas pueden ser objeto de regulación legal diferente a la que pueden emitir -sus Estatutos en el caso de la Usac y los reglamentos de sus programas en el caso del IGSS- siempre “que no se disminuya o tergiverse la esencia de su autonomía y la de sus organismos  rectores y ello implica que no intervenga fijándole pautas especializadas que son propias de la competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de autonomía resultaría meramente nominal pero no efectivo”.

Ante la ignorancia y mala fe que exhiben muchos  de los que hablan de reformar el IGSS, por ser un modelo agotado, aterra la sola posibilidad de que se les ocurra meter la mano en la Ley Orgánica y desvirtuar el seguro social.

Por ser un modelo agotado, aterra la sola posibilidad de que se les ocurra meter la mano en la Ley Orgánica y desvirtuar el seguro social.

.
.

Leave a Reply