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No salen de una y entran a otra

La corrupción en el gobierno del Partido Patriota sigue apareciendo por todas partes. Olla que destapan, es olla que está llena de suciedad y negocios turbios. Solo un día después de que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez enviara a juicio a 53 de los 57 acusados en el caso Cooptación del Estado, una nueva demanda surge.

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Esta vez el principal señalado es Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien habría sido virtual candidato presidencial del oficialismo, pero desistió cerca del borde del cierre de las inscripciones para dar lugar a la nominación de Mario David García como delfín del corrupto oficialismo.

A Sinibaldi y sus adláteres, viceministros y directores de varias entidades bajo su control, se les señala de haber firmado 68 contratos que adolecen de serias anomalías y que juntos suman la nada despreciable suma de Q1,704 millones.

Hasta el momento la demanda, interpuesta por los delitos de asociación ilícita y fraude, no incluye ni a Otto Pérez Molina ni a Roxana Baldetti, pero como han ocurrido los más elevados actos de corrupción, quién sabe y también resulten embarrados. Aunque, por otro lado, podría esta demanda terminar demostrando lo que se rumoraba como secreto a voces sobre las profundas diferencias entre Baldetti y Sinibaldi, por una lucha de poder no solo a lo interno del Partido Patriota sino también por el poder real dentro del gobierno. De ser así, entonces es posible que Baldetti no asome las narices en este nuevo descubrimiento de acciones corruptas, pero demuestre lo sucio que también trabajaba Sinibaldi desde el ministerio que dirigía, por cierto de los que mayor presupuesto manejan dentro de cualquier gobierno.

De ser aceptada para su trámite la demanda interpuesta contra Sinibaldi y compañía, el Fisiquín de la sonrisa odontológica para comercial le sumará una mancha más al tigre, pues ya cuenta con una orden de captura internacional, acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber usado recursos públicos para colaborar en la compra de una aeronave para el entonces presidente Pérez Molina, en un caso conocido como La Cooperacha.

La denuncia fue presentada por Nineth Montenegro y otros diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), sustentando anomalías en esos 68 contratos, 36 por trabajos de dragado y 32 por supervisión de los mismos. A ello debe agregarse, al mejor estilo del juez Gálvez, que llama poderosamente la atención que primero se suscribieran los contratos por supervisión y de último los de los dragados, cuando la lógica indica que debieron hacerse al contrario.

Pero esto es solo parte de las múltiples sospechas sobre lo anómalo de los contratos. Así es que si el Fisiquín llega a aparecer, seguro la pasará muy mal ante la justicia, o al menos debiera pasarla.

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