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Necesaria revisión de pactos colectivos

El Congreso de la República ha iniciado un proceso para transparentar y ordenar las contrataciones de personal, ya que por condicionamientos del Pacto colectivo se había llegado a una situación insostenible debido a la falta de controles y a los aumentos salariales desmedidos. Una situación similar a la que enfrenta el Congreso también se vive en diversas dependencias del Gobierno. La revisión de los compromisos por los pactos colectivos es inminente, debido a que las negociaciones se han dado muchas veces en períodos preelectorales o en etapa de transición de gobierno, cuando hay responsabilidad diluida por las decisiones que se toman.

El presidente del Congreso, Lic. Mario Taracena, inició el proceso para destituir a cerca de 270 empleados que tienen sueldos exagerados en relación con lo que se paga en el mercado por realizar funciones similares, así como también por tener relaciones de parentesco con diputados y otros empleados. Esta acción que se lleva a cabo en el Congreso es urgente y necesaria; además, abre el camino a la revisión de otros pactos colectivos, como el de salud y los de las portuarias, entre otros. El drenaje de los escasos recursos fiscales, además del desorden que se genera no puede continuar. Los fondos de la recaudación deben destinarse a donde tienen mejor impacto, como la vacunación, salud preventiva o computadoras para las escuelas.

La reforma al servicio civil guatemalteco constituye uno de los mayores desafíos para mejorar la eficiencia y efectividad con la que se ofrecen bienes y servicios públicos a la población. Para que esto se haga una realidad es necesario contar con una carrera pública basada en méritos, con esquemas de remuneración enfocados en recompensar el buen desempeño, respetando criterios de equidad horizontal (mismo trabajo, igual pago) y vertical (más responsabilidad y capacidad, mayor pago), así como mecanismos ágiles y efectivos de evaluación del desempeño y desvinculación laboral.

Según estudio presentado por Maul y Casasola (CIEN, 2014) la firma de pactos colectivos que otorgan beneficios a los trabajadores desvinculados de su desempeño o de la adecuada producción y provisión de bienes y servicios públicos, que establecen asuetos, vacaciones y licencias que no guardan relación con la productividad de los trabajadores públicos, que crean esquemas de contratación en donde no se valora adecuadamente la capacidad del trabajador para ocupar los puestos vacantes, que otorgan aumentos salariales que ponen en riesgo las finanzas del Estado, y que conceden derechos y garantías a los líderes sindicales que dificultan la rendición de cuentas de sus actividades y vulneran los principios de una buena administración basada en resultados inciden negativamente en la adecuada gestión del recurso humano dentro del sector público.

El Estado necesita contar con la posibilidad de contratar trabajadores con base en sus méritos y competencias; la capacidad de establecer sistemas de incentivos en función de resultados concretos por parte de los trabajadores, y la posibilidad de terminar la relación laboral en el caso de personal no idóneo o que no rinde lo esperado. Dichas características que no se desarrollan en los pactos colectivos analizados, en donde se otorgan beneficios que no solo pueden poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado sino, además, no favorecen la mejora en el desempeño de los servidores públicos.

Es por ello importante que la Procuraduría General de la Nación y la Onsec, con el acompañamiento del Ministerio de Finanzas, vayan avanzando en esta dirección: poner orden en la casa, y especialmente en las contrataciones de personal y políticas salariales.

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