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Por litigio, jueza ordena intervención de CHN

La medida judicial no afecta el funcionamiento de la entidad bancaria.

El Crédito Hipotecario Nacional (CHN) fue intervenido ayer por orden del juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Activo, de Coatepeque, Quetzaltenango, debido a un litigio millonario que el banco tiene con la familia Sarg, como consecuencia de la pérdida de una finca mediante un fideicomiso que fue confiado a la entidad bancaria hace más de 37 años.

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Con el fin de aclarar dudas, ayer por la tarde la Superintendencia de Bancos (Sib), emitió un pronunciamiento, en el cual indica que la medida no afecta el funcionamiento del CHN; por lo tanto los usuarios pueden continuar realizando sus operaciones con normalidad.

La familia reclama el pago de Q41.9 millones, más intereses, por un fideicomiso que se dejó de pagar desde los años 70.

La juzgadora Dora Monroy Hernández nombró como interventor a Gustavo Barrientos, quien acudió ayer a las oficinas centrales de la entidad bancaria, aunque no explicó cuánto tiempo durará la intervención.

De acuerdo con el presidente del CHN, Luis Velásquez, el reclamo de esos recursos se remonta a 2004 y la intervención es solo de carácter “administrativo”. Afirmó que el banco ha apelado el millonario reclamo que le hacen.

Según Barrientos, el fideicomiso lo constituyó la familia Sarg con el banco hace 37 años y el banco perdió la finca de la familia valorada en Q300 millones. El objetivo era que el banco desarrollara un proyecto en el casco urbano de Coatepeque; “el banco, por descuido abandonó el fideicomiso y perdió la finca”, indicó.

Velásquez aseguró en todo momento que no se trataba de una intervención al banco, sino de un caso en específico; sin embargo, afirmó: “Somos respetuosos de la ley”.

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“No revelaremos información privada” / Presidente del CHN

El presidente del Crédito Hipotecario Nacional, Luis Velásquez, indicó que el banco acata la decisión judicial, pero aclaró que no se trata de la intervención  de toda la institución, como tal. “Yo sigo en mi cargo operando de una forma normal, la junta directiva, los equipos gerenciales y nuestras agencias”, indicó.

“Nosotros, acatando lo que en ley corresponde, le suministraremos al interventor la información que requiera, los estados financieros, todo lo que es documentación pública. No revelaremos información privada que es única y exclusivamente de los cuentahabientes y del banco que represento”, agregó.

Según el funcionario, en el año 2004 hubo una resolución donde un juez decía que había que pagar una cantidad estipulada; pero la PGN y los mandatarios del banco determinaron que no hay a quién pagarle una suma tan elevada.

Asimismo, aseguró que hay abogados que están requiriendo hasta Q25 millones de comisiones y de honorarios profesionales. Es más, dijo que el tema se ha politizado y que “en el gobierno anterior hubo personajes que estuvieron presionando para que se pagara, y el banco no se prestó a una medida política. Incluso, algunos personajes que presionaron, al parecer al día de hoy, guardan prisión”, aunque no dio los nombres.

“Este juicio puede ser que se lleve un año en los tribunales, cinco años o diez años, no lo sabemos. Lo que sí le podemos decir a toda población es que sus recursos están bien resguardados  y que nosotros estamos apegados a todo lo que proceda en derecho”, concluyó.

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