Columnas

La enseñanza media en debate

Todos los políticos, cuando candidatos a dirigir el país, hablan y repiten que la educación será su prioridad, pero, llegados al poder, el gasto en oficiales militares, regalo de fertilizantes o bolsas de alimentos para mantener e incrementar clientelas electorales, altos salarios para asesores en Presidencia y Vicepresidencia de la República, dispendio de recursos en caminos nunca concluidos, etcétera, hace que con la mano en la cintura y sonrisa en los labios el presidente de la República y todos sus ministros digan que eso de asignar 35% de los ingresos ordinarios a educación es imposible, incumpliendo de manera solemne e irresponsable lo determinado en la Ley de Educación Nacional. Como lo muestran en reciente estudio investigadores centroamericanos, auspiciados por las instituciones jesuitas dedicadas a la educación, en el país apenas se dedica 19% de esos recursos a la educación.

Si la ley impone que a educación se dedique 7% del PIB, cuando mucho se ha llegado a dedicar algo cercano al 3%. Todos dicen que la educación es importante, que educar es la única solución a nuestra lacerante pobreza, pero los que más ganan gritan contra una reforma impositiva seria, que se centre en las ganancias y no en el consumo.

Los días 22 a 24 de agosto las instituciones jesuitas en Guatemala -Ejegua- realizarán un congreso para debatir fundamentalmente sobre este asunto, poniendo el énfasis en el gasto que actualmente hacemos desde el Estado en la enseñanza media. Con los raquíticos recursos que se tienen, el país se ha conformado en intentar, sin lograrlo, resolver la gigantesca brecha que en el nivel primario y preprimario tenemos. Desde finales de la década de los años setenta el Estado, cooptado por la cleptocracia militar y sus secuaces, ha mirado para otro lado, dejando que en el nivel medio el Estado apenas atienda a menos de la quinta parte de los inscritos, dejando el resto en manos de empresarios de la enseñanza.

Evidentemente este modelo ha funcionado perfectamente para los que muy emprendedoramente consideran el país como una simple tortillería: gastan poco en materia prima, no invierten en tecnología y pagan salarios de hambre a sus trabajadores (especialmente a las trabajadoras). Acostumbrados a vivir de los subsidios o negocios turbios con el Estado, quieren ganancias sin mayor inversión y sin carga impositiva.

Paradójicamente el debate y los estudios son promovidos por organizaciones que, orientadas religiosamente, realizan enseñanza privada en el país. Tal vez esto haga que el debate se extienda, amplíe, dejando de lado la machacona cantaleta de que lo privado debe prevalecer en ámbitos donde lo que satisface es un derecho. Seguir haciendo de la educación una mercancía nos mantendrá en los niveles de subdesarrollo en que nos encontramos, donde si bien los dueños de las tortillerías hacen ganancias, estas resultan pingües porque se centran en la sobreexplotación de una mano de obra sin mayor formación o habilidades.

Eventos como estos resultan indispensables para la circulación y debate de ideas, pero también para dejar de lado los prejuicios y la histeria en contra del pago de impuestos. En su estudio sobre Guatemala los investigadores muestran que si en 2014 se dedicó 59.8% del presupuesto al nivel primario y preprimario, para el ciclo básico y diversificado apenas se asignó 13.4%. La catástrofe es mayor para este 2016, pues si a preprimaria se le incrementó el presupuesto en 6.5% y a primaria en 9.9%,  a básicos se le redujo en 7.8% y al diversificado un16.2%. Se desvistió a un santo ya desnudo para medio vestir en harapos otro.

Vemos a las autoridades ministeriales pasearse por los pasillos del Congreso demandando la aprobación de préstamos, pero no lo vemos exigiendo una revisión inmediata y seria del presupuesto. Solitario en ese mar de clientelas que es el actual gobierno, no se anima a sugerir, al menos, mayor responsabilidad de su jefe y los miembros de su partido para mejorar significativamente la enseñanza media.

Congresos como el organizado por los jesuitas puede que despierten a las clases medias a pensar en serio el futuro del país y, al margen de sus creencias e ideologías, acepten que solo un sector público robusto financiera y políticamente podrá impulsar un sistema escolar acorde a las exigencias del país.