Pulso Económico

Se destina 0.14% del PIB a biodiversidad

Guatemala invierte unos US$81 millones en el cuidado de los recursos naturales.

La iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (Biofin) presentó los hallazgos de la investigación de la inversión pública y privada para la biodiversidad, con el objetivo de definir una estrategia para movilizar recursos financieros y alinearlos con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y proponer un plan de acción para todos los actores.

El experto líder para Biofin en Guatemala, Óscar Villagrán, informó que Guatemala tuvo cada año un gasto nacional promedio para la protección de la biodiversidad equivalente al 0.14% producto interno bruto (PIB), con fondos de sectores público y privado así como de la cooperación internacional.

“En el 2014 el gasto nacional total para la conservación y protección de la biodiversidad fue de US$81.5 millones, US$54.1 millones son del sector público y US$27.4 millones del sector privado, pero el país necesita alrededor de US$140 millones al año”, explicó Villagrán.

Además, agregó que el gasto nacional aumentó de US$53.5 millones en 2010 a US$81.5 millones en 2014, aunque no es suficiente ya que la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica tiene un costo anual de US$68.44 millones como mínimo y US$82.13 millones como lo óptimo, y no todo lo invertido está relacionado con la estrategia.

Recomendaciones

“Tomando en cuenta el gasto nacional durante el 2010 y 2014, solo un porcentaje estuvo alineado a la estrategia, por lo que hay una brecha de inversión entre US$52.6 millones y US$66.23 millones por año. Nuestro planteamiento es que hay oportunidad de encontrar recursos sin subir impuestos sino que optimizando los recursos y la calidad del gasto para financiar esos vacíos existentes”, afirmó el experto.

Entre las recomendaciones, se encuentra el ingreso por cuotas de pesca, en licencias y permisos, especialmente en la pesca deportiva del Pez Vela, el arrendamiento de tierras propiedad del Estado, la reorientación de los ingresos del Fonpetrol y Codedes, para financiar actividades de vigilancia y recepción de áreas protegidas.