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La paz ganó la guerra en Colombia, dijo un amigo. La más prolongada en América Latina, de 52 años –antes fue la de Guatemala–, finalizó y ahora continuarán las luchas por medios políticos e institucionales hasta lograr justicia social y democracia.

En el acto de suscripción del Acuerdo de paz entre Gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se asentaron dos cuestiones básicas: una, que siguen intactos los antagonismos, los conflictos, las disputas sociales, económicas, políticas y culturales constitutivas de las causas históricas que desencadenaron la guerra; dos, que la fuente originaria de la paz está en el seno mismo de los pueblos, en la capacidad de entendimiento de su realidad y de la construcción de cauces de salida que sustituyan la violencia en arreglo político con intención de cambio profundo.

Ahora bien, un problema es que los responsables de los orígenes de ese enfrentamiento armado lo entiendan de la misma manera. No solo hablamos de personajes, muchos ya desaparecidos por el paso del tiempo, sino de grupos, de sectores enteros, de instituciones, del aparato del Estado mismo, que sucumbieron a las ambiciones de poder, de riqueza y de mantenimiento del statu quo en aquel país, así como de los designios e intereses geopolíticos estadounidenses.

Entre Guatemala y Colombia hay grandes distancias, pero también similitudes. Las causas de la guerra son semejantes en su esencia, pero el momento histórico en que se agota la lucha revolucionaria armada en nuestro país es distinto y las condiciones irrepetibles: aún no había llegado la oleada neoliberal en 1996, las instituciones de por sí hacían gala de fragilidad y el ejército empezaba a desplazarse como eje del aparato del Estado. El sector de organizaciones políticas estaba en declive por la corrupción, pero algunos intentaban mantenerse serios como institutos políticos. El sector empresarial, despreocupado de otra cosa que no fuera acumular riqueza, aún no había sido sorprendido por la importancia que adquirieron después los capitales mafiosos.

En Colombia ya se vivió la fuerza destructiva del neoliberalismo y la institucionalidad es menos frágil, la sociedad civil está más integrada, es crítica y participativa. Se cuenta con partidos que son institutos políticos, una fuerza armada con un papel definido en un entorno geopolítico complejo y un sector empresarial comprometido con el país. Saben de la corrupción, el clientelismo político, el burocratismo, los capitales mafiosos y narcotraficantes y del Estado cooptado. Hay violencia y falta de respuestas a muchos problemas de los grupos mayoritarios, así como heridas y sufrimientos por actos horrendos durante la guerra.

Entre muchos retos nuevos se tienen: uno, abrir posibilidades de otro proceso con la guerrilla que aún opera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro, transformar los términos actuales de la concepción del desarrollo y de la vida en democracia. Colombia está en pie de paz.


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