Editoriales

Una solución integral

El surgimiento de grupos de pandillas en Guatemala data de varios años, pero es un fenómeno que debe verse como la falta de atención del núcleo familiar, de entidades educativas, religiosas, y como parte medular la participación del Estado.
Inicialmente, los niños y  jóvenes se involucran en estos grupos por la falta de atención de los padres o de la familia que los deja a su libre albedrío.
Lo ideal es que los menores de edad ocupen  su tiempo en actividades educativas o recreativas, porque el ocio es una semilla para que busquen otras alternativas de convivencia, que finalmente no son las ideales, sino que los llevan por malos caminos.
A veces  aunque en el hogar se preocupen por impartirles educación y buenos principios, el entorno social no ayuda para evitar que se  involucren en las pandillas o maras ya sea a la fuerza o mediante amenazas.
Se hace necesario que el Gobierno implante políticas de prevención y oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes. En la actualidad no se visualiza ningún proyecto que busque la reinserción de los pandilleros a la sociedad.
Se estima que hay 800 mil jóvenes en el país, que ya no tuvieron acceso a sus estudios y ahora están  vulnerables a incorporarse a bandas delincuenciales o a otros grupos al margen de la ley por falta de oportunidades.
Pero este problema de pandillas engloba a muchos actores que no se preocupan por participar como el mismo Estado, al no proveer de oportunidades de educación y empleo a miles de jóvenes que desean un futuro mejor.
Otro detonante, es la condición de  miseria que vive gran parte de la población que termina siendo otro caldo de cultivo para que los grupos ofrezcan  ofertas de trabajo para realizar  actividades ilícitas.
Para nadie es un secreto que el Estado no tiene el control de las cárceles y los mismos internos son los que hacen las reglas dentro de estas. Además de que allí salen las llamadas para asesinar o extorsionar.
En muchos casos, las personas saben quiénes son los pandilleros y dónde viven, pero prefieren callar, en lugar de hacer las denuncias para contribuir a que las autoridades puedan actuar.
En resumen, la delincuencia le está haciendo un gran daño al país y a las personas que día a día luchan con salir adelante dedicándose al comercio y a otras actividades.  Las autoridades deben poner el mayor interés en buscar soluciones, primero para que no haya más niños y jóvenes que por falta de oportunidades caigan en esas redes.
La formación de nuestros niños y jóvenes es tarea de todos, de los padres, del núcleo familiar, de los maestros,  y sobre todo que el Gobierno cumpla con lo que demanda la Constitución que es proveer de condiciones dignas de vida  referentes al empleo, salud, educación y  seguridad.

Redacción

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