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Es cuestión de voluntad, no de ley

Por: Eduardo Weymann

El religioso y político francés del siglo XIX, Henri Lacordaire, nos dejó la siguiente cita: La voluntad es el asiento del poder. El tiempo y la experiencia me han demostrado la validez de esta afirmación. De nada sirve la ley, o incluso una Constitución Política de una República, si detrás no hay una voluntad firme de quienes estén al frente de las instituciones que conforman el Estado. Y qué mejor ejemplo para desarrollar este tema, que la propuesta de una Ley de Competencia que el Congreso de la República está considerando.

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Me consta que sin una “ley de competencia”, esta se puede promover, sí y sólo sí, hay voluntad política. Durante la gestión de gobierno 2000-2004, esto quedó demostrado con las industrias del pollo, azúcar y cemento. La propuesta de Ley de Competencia que se tramita en el Congreso, hasta donde va ahora, no es más que un mecanismo de intervencionismo abierto que, por el contrario, va a entorpecer el buen desempeño de mejores precios y calidad que se pretende promover y, por otro lado, va a generar una infraestructura onerosa en todo sentido: más burocracia, más discrecionalidad del funcionario público, más corrupción (por no decir extorsión)… Suficientemente claro está en nuestra Constitución: Artículo 43.- Libertad de industria, comercio y trabajo.

Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Artículo 130.- Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia.

El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Comparto plenamente las observaciones del CIEN en cuanto que esta iniciativa (actualmenteen en manos de la Comisión de Economía del Congreso) es un contrasentido a la sensatez y la lógica del mercado, y por otro lado, se está creando un andamiaje público disfuncional en materia de promoción de competencia.

La iniciativa tiene, además, vacíos legales que promueven la arbitrariedad, fuente primaria de la corrupción. Por otro lado, se criminalizan las prácticas anticompetitivas a juicio de la nueva instancia reguladora que se propone crear- y algo que en definitiva jamás apoyaría como exdiputado y exmiembro de Gabinete de Gobierno, la creación de una nueva Superintendencia.

Tal como lo aseveré en la serie de columnas tituladas “El Templo de los Monos”, las autonomías institucionales públicas solo impiden el buen rendimiento de cuentas, manejan a discrecionalidad la transparencia y sus máximas autoridades se convierten en sus propios jueces. Las autonomías institucionales públicas, a la larga, solo son una trampa de Estado para crear feudos de inmunidad, y aleja al Estado del concepto republicano de pesos y contrapesos. Con el marco legal que ya se cuenta, más voluntad política de las autoridades públicas de turno, ¡claro que se puede promover más competencia! siempre y cuando prevalezca la voluntad de hacerlo.

En Guatemala hemos visto hasta gobiernos de derecha actuar en contra del sentido del libre mercado, pero para eso está el Estado, como el encargado de corregir desequilibrios desregulando y facilitando procesos a los empresarios. Pero de eso, a intervenir el mercado hasta con nuevas instituciones públicas con poder hasta para autorizar fusiones y adquisiciones empresariales, mejor llamemos a Maduro a que nos pase la receta definitiva de cómo sepultar la actividad empresarial.

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