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Urge acreditar a guardias de seguridad

editorial

La tragedia que sucedió ayer en la zona 6 capitalina, donde un guardia de seguridad privada asesinó a tres personas y luego se suicidó, es un llamado de atención para las autoridades del Ministerio de Gobernación.

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De todos es sabido que en las calles de todo el país muchas personas portan arma y son un peligro latente pero, según la directora de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), América Estrada Flores, actualmente hay 49 mil 599 guardias que prestan servicio a empresas y personas individuales en el país. Es preocupante que algunas empresas de seguridad permitan que sus agentes se lleven el arma y dispongan de ella fuera de sus funciones, esto propicia que pueda suceder otro hecho lamentable como el de ayer.

Además, una gran cantidad de personas también poseen armas, y en determinado momento pueden hacer mal uso de ellas, como el doble asesinato de ayer,  recordemos que  hace unos meses, en otro caso, un guardia de seguridad de una farmacia asesinó a una señora. El hechor, en este caso, se comprobó que padecía de trastornos mentales y fue enviado al Hospital Federico Mora.

De los casi 50 mil guardias de seguridad que hay en el país, solo 13 mil están acreditados en la Digessp, o sea que 36 mil no han recibido los cursos y las capacitaciones. Según Estrada, dichos empleados de seguridad deben someterse a las evaluaciones técnicas psicológicas que definen el estado mental y emocional de los agentes.

La  funcionaria admite que hay deficiencia en la acreditación, este año se ha hecho con más de dos mil guardias.  Comentó además  que hay 173 empresas de seguridad, 109 tienen licencia de operación de acuerdo a la Ley de Servicios de Seguridad Privada, y 64 empresas están en proceso de adecuación y autorizados mediante acuerdo gubernativo o ministerial.

Se han conocido varios casos de hechos delictivos donde se ha capturado a guardias privados, por delitos o crímenes cometidos en condominios que vigilan. También se han recibido muchas denuncias sobre agentes privados que han colaborado con  extorsionistas,  ya que les han dado el número de teléfono de propietarios o inquilinos de las residencias donde prestan sus servicios.

Desde luego no hay que generalizar, porque muchos de los agentes de seguridad privada cumplen con responsabilidad su trabajo e, incluso, se han sometido a las pruebas psicológicas que se les exigen para laborar. El Ministerio de Gobernación debe hacer una exhaustiva investigación, empezando por determinar si las empresas cumplen con los requisitos establecidos para funcionar, y en la contratación del personal. Si la violencia galopea en el país, debe minimizarse en los posibles focos que puedan aparecer, como con los guardias privados.

Lo sucedido ayer debe tomarse no como un hecho aislado, sino como un riesgo latente de que cualquier persona que labore en una empresa y que tenga un arma puede usarla para atacar a otra. Ojalá las autoridades lo tomen en serio.

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