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david-martinez

Y alejado de los dogmatismos es lo que se necesita en relación con el tema de la reformas constitucionales que se han diseñado para el país. El primer aspecto fundamental es conocer qué se está proponiendo. Si usted no ha leído toda la bandeja de reformas propuestas, puede consultarlas en este documento: http://www.reformajusticiagt.org/wp-content/uploads/2016/04/Reforma-Constitucional-Documento-Base-250416.pdf

Eso sería el primer paso para desarrollar una cultura política ciudadana madura. Acceder a la información por vía de fuentes serias y menos, por vía de entornos que no pretenden informar sino construir mitos. Las reformas giran en torno al sector justicia, y abarcan cuestiones relacionadas a la institucionalización meritocrática de la carrera judicial, la elección de magistrados, la elección del Fiscal General, la remoción del antejuicio para gobernadores así cómo el tema relacionado a la pluralidad del derecho.

El último tema es quizá el que más discusión, debate y preocupación ha generado si bien es cierto hay otros aspectos en las reformas que podían haber sido diseñadas un tanto mejor. Pero, sobre el tema del reconocimiento de las formas aplicativas del derecho indígena se ha construido toda una torre de mitos que simplemente no tienen sustento. Es importante explicar ´qué es´ y ´qué no es´ la reforma. Por ejemplo, se argumenta que este aspecto específico de la reforma constitucional estaría creando un estado dentro del Estado al tolerar la existencia de otras normativas y figuras jurídicas que compiten con el derecho estatal. Y se dice. además, que esto no ha sido reconocido en ningún otro país. Pues es falso todo lo anterior. Veamos un ejemplo latinoamericano, el de la Constitución colombiana que desde el año 1991 introdujo concretamente el reconocimiento de las formas jurídicas ancestrales. Y, -oh sorpresa- Colombia no se ha fragmentado.

Cómo se dice normalmente, el diablo está en los detalles. No es la intención de la reforma por discutir en Guatemala -ni tampoco el caso de Colombia- una carta blanca para obligar a que quien no es miembro de una comunidad indígena sea juzgado por dichos mecanismos. Tampoco se da carta blanca para que los mecanismos ancestrales reconocidos contravengan la Constitución. Con lo cual el principio constitucional fundamental sigue existiendo. El artículo 246 de la Constitución Política de Colombia establece que pueden ejercer funciones jurisdiccionales -los pueblos indígenas- dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Eso quiere decir, por ejemplo, que ninguna forma ancestral de justicia podría aplicar castigos corporales. Mucho menos, el linchamiento, que no es una forma ancestral de justicia. Nunca lo fue y nunca lo ha sido.

El diablo está en los detalles. Hay que conocer las experiencias comparadas. En Colombia la reforma constitucional detalló -en la ley ordinaria- que no podían ser juzgados por el derecho ancestral delitos relacionados al narcotráfico o conexos, entre los cuales se incluye secuestro, extorsión, violencia agravada, homicidio doloso. entre otros. . Eso quiere decir, que la mayoría de casos que el derecho ancestral resuelve tienen que ver con robos o daño a la propiedad donde la práctica ancestral sugiere la restitución. En la futura discusión nacional, puede dejarse claro que solo los miembros comunitarios reconocidos y avecindados pueden disfrutar de estas figuras delimitando los delitos que no aplican. A la luz de los casos ya existentes como Ecuador y Colombia hay suficiente evidencia para tener una discusión inteligente y menos, llevada por temores irracionales.

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