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Cuando la Fundación Contra el Terrorismo -entidad que yo presido- presentó hace cuatro meses una solicitud al presidente Jimmy Morales, pidiéndole eliminar el privilegio de la inmunidad diplomática de que gozan los funcionarios de la CICIG, lo hizo a la luz de las ilegalidades que esa organización, ahora dirigida por Iván Velásquez, había cometido a lo largo de sus 10 años de existencia. No imaginábamos entonces que algo tan grotescamente violento como el asesinato del exministro Pavel Centeno, ocurriría en un futuro inmediato, como producto de la impunidad con que actúa la CICIG. Poco tiempo bastó para demostrar, de la forma más contundente posible, que tenemos razón; la CICIG es capaz no solo de asesinar civilmente, pero también puede hacerlo físicamente con toda impunidad.

Después que un juzgado resolvió dar trámite a la querella presentada por nosotros contra Iván Velásquez y el jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, por su responsabilidad en el asesinato de Centeno, vino otro grave atropello a la justicia, cuando sin empacho el embajador Todd Robinson apoyó en ese trance a Velásquez en las redes sociales, afirmando que “le estaban cuidando las espaldas”. Entonces, como por arte de magia, la jueza a cargo resolvió de manera favorable un recurso planteado por el Ministerio Público, dejando fuera del problema a Velásquez, no así a Sandoval.

«Nos informan que la autopsia de Pavel Centeno confirmó que la causa de su muerte no fue el suicidio»

El embajador Todd Robinson e Iván Velásquez son, entonces, cómplices de la muerte de un inocente. Ambos personajes de baja calaña ahora fuerzan al Congreso para que se aprueben absurdas reformas a la Constitución, presionados ambos por la proximidad del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Velásquez afirmó en una entrevista que quienes nos oponemos a la pretendida reforma lo hacemos “por ignorancia o por interés”; algunos calificaron esa afirmación como el producto de una soberbia extrema. Yo, en cambio, estoy seguro que es producto de una extrema estupidez, que lleva al colombiano a externar juicios totalmente imprudentes, como cuando afirma que quienes lo adversamos, apoyamos la corrupción.

Bueno sería que alguien le muestre a Velásquez la fotografía del guardián de Semuc Champey a quienes las autoridades ancestrales le desmocharon a filo de machete una oreja el sábado pasado, en pleno ejercicio de la forma de aplicar justicia que el colombiano pretende que se incluya en nuestro ordenamiento jurídico. El supuesto campeón de la lucha contra la corrupción no moverá un dedo contra el robo descarado de Mario Polanco en el Programa Nacional de Resarcimiento, ni contra la condena ilegal por Q80 millones contra el Estado lograda por Helen Mack, tradicional chupasangre de los resarcimientos, que se pagan con nuestros impuestos. Mientras tanto, nos informan que la autopsia de Pavel Centeno confirmó que la causa de su muerte no fue el suicidio, y que por eso la ocultan. La señora Fiscal General sabe que no solemos equivocarnos.


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