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Continúan los ataques violentos en contra del transporte público

Por: Juan Roberto Garrido

Ataques violentosEn los últimos meses las fuerzas de seguridad pública anunciaron amplios operativos contra los grupos del crimen que se dedican a extorsionar empresas del transporte público,  urbano y extraurbano y  comerciantes de todo nivel económico. Los resultados de estos operativos antipandillas han sido exitosos e importantes en este enorme y complejo delito de la extorsión y el homicidio, identificados como los delitos de mayor impacto en la sociedad guatemalteca.

El operativo más reciente de las fuerzas de seguridad se denomina Plan Fénix,  que en la actualidad se realiza en zona 12 de la ciudad capital, incluyendo El Búcaro, Mezquital, Villalobos I y II y la Isla, con un plan específico de apoyo a la población en riesgo. El plan Fénix estará ampliando sus acciones en los próximos días, para seguir contribuyendo con la ciudadanía de ese sector. También se realizó el Operativo Guate es Nuestra y Rescatando Guate, con proyección a nivel nacional, en un esfuerzo conjunto entre la PNC y el Ministerio Público, con resultados en Zona 18,  las Alamedas, San Rafael y Colonia El Limón; en Mixco,  Ciudad Quetzal; en Villanueva, Ciudad del Sol y Peronia; los asentamientos Alioto y Mártires, en San Miguel Petapa;  Villa Canales y varios departamentos del país.

Se ha logrado desarticular clicas con la captura de varios integrantes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 que operan a nivel nacional; sin embargo, el transporte urbano y extraurbano continúa pagando la extorsión semanalmente, la que asciende a Q200 por bus, pagadas a clicas de diferentes pandillas, cobros que se amplían  cuando la camioneta atraviesa dos o más territorios controlados por diferentes pandillas.

Ataques violentos

Los pilotos y las rutas

El piloto del autobús no cuenta con salario base, su sueldo sale del pago del pasaje, por esa razón después de las cinco de la tarde el transporte varía de precio llegando el cobro hasta cinco quetzales. Después de las ocho de la noche se empieza a retirar el transporte público, precisamente por el riesgo permanente del  piloto, ayudante y  pasajero. Las rutas de mayor riesgo siguen siendo la 203, 101, 40 R, las rutas hacia Ciudad Quetzal, Peronia, Villanueva, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo,  Palencia y Chinautla. Debería ser mejor mencionar las rutas que no tienen cuota y que no sufren de extorsión,  pero  en este momento lo que  varía es la cantidad de la extorsión por pagar.

La actualidad

En lo que va del mes de enero del 2017, se reportaron 19 asesinatos en el transporte público producto de la extorsión. Expertos en el tema coinciden en que el proceso de retiro de seguridad ciudadana de las áreas de operaciones y el relevo por parte de la PNC toma su tiempo de acomodo, acción que la delincuencia ha aprovechado. Otro escenario sitúa los hechos delictivos como parte de una presión organizada por las estructuras del crimen, dirigido contra el Gobierno y las autoridades de Gobernación por los resultados que los operativos a nivel general han estado obteniendo.

Dónde radica el problema

Las fuerzas de seguridad, en la mayor parte de casos, captura a los cobradores de la extorsión, pero los cerebros que están en las cárceles continúan dando órdenes de ejecución o de ajuste de cuentas, acciones que no se han podido neutralizar. Los cobradores capturados son reemplazados dentro de la estructura y de esta forma continúa el delito.

La solución

Una legislación contundente para el fenómeno de las pandillas es muy necesaria, porque cuando se detiene a los cobradores resulta que son menores, que no llevan armas y que al presentarse ante el juez son vinculados por asociación ilícita, beneficiándose con una medida sustitutiva.  Este sistema legal ya lo detectaron las maras y por ello es necesario que la pena sea más contundente y  drástica, de otra forma el delito se continuará cometiendo. La participación ciudadana en la denuncia también es muy importante, pero  con un mejor mecanismo para que la misma sea anónima y que el denunciante no sea parte dentro del proceso judicial, porque se pone en riesgo su familia y él.

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Además es necesario mayor apoyo a la Policía Nacional Civil, específicamente a la División del Programa Nacional Contra el Desarrollo de las Pandillas (Dipanda); a la subdirección general de Investigación Criminal y el apoyo en recurso humano, logístico y técnico a las comisarías que registran  mayor índice en los delitos de la extorsión y el homicidio.

Como complemento, la PNC uniformada que es la que se encuentra más cerca de la víctima, debe ser mejor capacitada en el manejo de la crisis y el manejo de la investigación preliminar de campo.  Es el agente uniformado el que debe contar con  la capacidad de darle tratamiento al fenómeno,apoyar la investigación preliminar  y así contribuir al esquema de inteligencia del área de operaciones de cada comisaría; de esta forma se apoyaría a las divisiones especializadas de la PNC para que en su conjunto la población pueda ver resultados más exitosos.

La sociedad guatemalteca se ve afectada con la extorsión y el homicidio, no podemos seguir siendo indiferentes con las decenas de familias que en lo que va del año han sido víctimas de la delincuencia, no se trata de estadísticas, se trata de sumarnos todos al esfuerzo que las autoridades realizan en este momento. Nuestras condolencias y pésame a las familias de pilotos, ayudantes y pasajeros asesinados en estas dos últimas semanas.

Redacción

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