Cárceles hasta el tope
E n el territorio nacional se ubica un total de 21 centros carcelarios que en su interior albergan la cifra de 21,326 privados de libertad, como consecuencia de la comisión de distintos hechos delictivos. De acuerdo con las autoridades del Sistema Penitenciario, la capacidad máxima de alojamiento alcanza una cifra cercana a los 6,800 internos, con lo cual, a la fecha, la capacidad de los centros carcelarios se encuentra superada en un 200%.
Tal circunstancia refleja que, en los últimos 10 años, la población penitenciaria se ha incrementado de 7,129 a 21,326 personas privadas de libertad. Las cifras de la población penal masculina alcanza los 9,043 ciudadanos guatemaltecos, en prisión preventiva, mientras que 10,191 lo hacen cumpliendo condena.
Por su parte, la población penal femenina se compone de 2,092 internas, de las cuales 1,121 guardan prisión preventiva, mientras que 971 lo hacen cumpliendo condena. Tal situación de hacinamiento en las cárceles obedece a múltiples factores, tan diversos como la falta de oportunidades laborales, la falta de educación, la desnutrición crónica infantil que, sumados a un sistema de justicia saturado de casos por resolver y con una condición de ineficiencia legendaria, produce un efecto sumamente peligroso, al concentrar a la población penal de una forma tan terrible. Es de vital importancia reconocer que las causas que motivan la delincuencia son, en su mayoría, una consecuencia de la acción indiferente del resto de la sociedad hacia ellos.
En la medida en que no somos capaces de integrar a la sociedad a los menos favorecidos, les empujamos a la actividad delictiva, que en muchos de los casos les representa una vez más falta de oportunidades de desarrollo y de integrarse a una sociedad que les margina y discrimina como delincuentes, pero que no es capaz de generar oportunidades para su integración efectiva en el tejido social.
Es necesario que se establezca un método efectivo para romper el hacinamiento de los centros carcelarios, pero más aún, fijar políticas estatales definidas para generar oportunidades nutricionales, educativas y sociales, enfocadas a que ningún ciudadano guatemalteco tenga que engrosar las filas de la población carcelaria, para no tener que ser “reinsertado” a la sociedad en circunstancias nefastas para el desarrollo de cualquier ser humano.
Debe ser una prioridad nacional establecer mecanismos encaminados a integrar preventivamente en igualdad de oportunidades a los miembros más marginados de esta sociedad, brindándoles condiciones que les hagan integrarse efectivamente a la sociedad, a efecto de no tener que reinsertarles en el conglomerado. Tales mecanismos deberían incluir políticas de agilización de los procesos judiciales que, en gran medida, debido a lo burocrático de los mismos, producen un terrible hacinamiento tanto dentro de los centros de detención preventiva, como en los de condena.