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Más seriedad, diputado…

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La “Ley que declara el diecinueve de mayo de cada año «Día de la Dignificación Nacional de la Iyom y/o Rati’t Ak’Al Comadrona de Guatemala”, Decreto número 44-2017, fue vetada por Acuerdo Gubernativo 44-2017, tomado en Consejo de Ministros el 13.03.17 y fue publicado en el Diario Oficial al día siguiente. La motivación del veto aparecen desglosada atendiendo a tres motivos fundamentales: (i) contrariar las políticas de Estado; (ii) contravenir disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto y (iii) contravenir los artículos 4 y 240 de la Constitución Política.

Nuestra Constitución regula el veto en los artículos 178, 179 y 182, h), cuya lectura permite afirmar que se trata de un acto de naturaleza política. Se justifica “con razones de conveniencia política y armonización del funcionamiento de los resortes de los controles y equilibrios entre los poderes” –dice, por ejemplo, el jurista argentino Laureano Camilo Fabré. También es un acto formal por cuanto que se formaliza, necesariamente, como Acuerdo Gubernativo y es, además, un acto colegiado, ya que se aprueba en Consejo de Ministros.

“Para el caso de las remuneraciones, anualmente se debe elaborar un presupuesto analítico que contenga el detalle de puestos y sus respectivas remuneraciones.”

 Cuando se le justifica con motivaciones constitucionales sean estas buenas o malas, convincentes o inconvincentes el Presidente de la República es consecuente con la función de “cumplir y hacer cumplir la Constitución” que le impone el artículo 183 a) de la misma y, en tal caso el Congreso de la República queda obligado a recabar de la Corte de Constitucionalidad su opinión sobre la inconstitucionalidad alegada contra la ley vetada por el Ejecutivo (Art. 272, h).

Jessica Gramajo (Prensa Libre, 26.03.17 y 28.03.17) informa que la agrupación Winaq denunciará penalmente al Presidente de la República por “discriminación y racismo”, arguyendo “que el gobernante y sus asesores habrían leído “de manera inadecuada y de mala fe” el decreto porque “no es cierto que sea excluyente” y, además, porque según criterio expresado por el diputado Amílcar Pop: “Se desvaloró e irrespetó la labor de las mujeres y de los pueblos ancestrales”; extremo que demostrará “un peritaje de género y étnico a la resolución de veto”. La estrategia descrita por este dignatario incluye esperar la opinión de la Corte de Constitucionalidad para luego “apelar” (sic) ante CIDH, aun cuando el Congreso revierta el veto.

 Deduzco de tales declaraciones que, subyace en todo esto un motivo más que importante, cual es que la normativa vetada “favorecía a las comadronas con Q 250 mensuales como un reconocimiento a su labor”. Y es que omite analizar en este punto la razón que al respecto se expresa en el Veto, cual es que, según la Ley Orgánica del Presupuesto: “para el caso de las remuneraciones, anualmente se debe elaborar un presupuesto analítico que contenga el detalle de puestos y sus respectivas remuneraciones” además de “la limitante de que no se reconocerán retribuciones personales no devengados ni servicios que no se hayan prestado; […] situaciones que no han sido debidamente reguladas […] sin especificar la forma de comprobación de los servicios prestados, indicando únicamente que se tendrá el derecho mientras se “ejerza el don y misión de comadrona” (Sic).


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