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Protección a testigos: responsabilidad del Estado

editorial

En relación con el anuncio realizado por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, de la apertura de una investigación enfocada en determinar la identidad de los responsables de perpetrar el asesinato de Carlos Heraldo Cermeño Espino, quien iba a rendir su declaración en el caso de corrupción en el Sistema Penitenciario, pero cuyo cadáver fue localizado en un sector de Ciudad Quetzal, asesinado con arma de fuego, el pasado viernes.

Es importante señalar que Cermeño, quien estaba en libertad, producto de una medida sustitutiva, procesado por integrar una estructura criminal incrustada en la Dirección General del Sistema de Penitenciario (DGSP), que fue desarticulada en septiembre de 2014 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual era liderada por quien fuera capitán del Ejército Byron Miguel Lima Oliva.

No obstante, era responsabilidad estatal resguardar su vida para que colaborara en la averiguación de la verdad, pues de acuerdo con varias versiones el hoy fallecido también testificaría en el caso relacionado con el asesinato de Lima, el cual ocurrió en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, durante un motín ocurrido el 18 de julio de 2016, y quien cumplía una sentencia por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, luego de ser condenado el 8 de junio de 2001, junto con otros dos militares y un sacerdote católico.

Si bien es de vital importancia que las autoridades investiguen hasta encontrar a los responsables del asesinato de Cermeño, es preciso que este hecho sirva como elemento referencial en la lucha contra el crimen y la impunidad, para que las autoridades encargadas de aplicar justicia atiendan con anticipación el riesgo mortal que representa para cualquier ciudadano el brindar su testimonio en cualquier caso judicial, pero mayormente en los expedientes que involucran redes de corrupción. Además, es necesario que las autoridades privilegien los mecanismos y programas destinados a la protección de testigos, cuya información podría resultar determinante en el curso de las investigaciones y así lograr resultados positivos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, y no menos importante, surge la necesidad que los jueces tomen en consideración el peligro que representa conceder medidas sustitutivas a reos cuya permanencia en la calle resulta más riesgosa para la averiguación de la verdad, que en el interior de un centro de privación de libertad, aspecto que puede rescatarse, de este previsible y trágico hecho. Al cierre de esta edición circuló un comunicado firmado por el jefe de prensa de la CICIG, Diego Álvarez, indicando que la víctima no tuvo en ningún momento la calidad de testigo o colaborador eficaz, en la investigación por la que fue ligado a proceso el 22 de octubre de 2014, ni en ningún otro proceso.

Sin embargo, persisten las interrogantes, en cuanto a la razón de su citación, y sobre la calidad en que comparecería de no verse frustrada la misma como consecuencia de su ejecución.

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