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Cicig y el incumplimiento internacional

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Con todo el revuelo por la decisión del presidente de la República respecto a negar el ingreso al país a Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), medida que continúa sosteniendo pese a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó amparo provisional sobre la acción de reclamo para permitir dicho ingreso.

Cabe analizar si el Estado de Guatemala podría poseer responsabilidad internacional por el incumplimiento del Acuerdo suscrito, al no observar el debido proceso en la expulsión fáctica del comisionado designado por el secretario General de la ONU, o al contrario, si el Presidente posee facultad soberana que puede ejercer sin restricciones.

Los tratados internacionales siguen un proceso de negociación con la finalidad de consensuar el texto que se suscribe. De esa negociación, los Estados deciden si se vinculan o no. Los Estados pueden expresar su consentimiento al firmar y ratificar o adherirse, con lo cual se comprometen jurídica y de forma vinculante a acatar las disposiciones del convenio, así como a generar las condiciones para “asegurar el respeto de los compromisos adquiridos”.

En caso de que un Estado violente una obligación internacional, el derecho internacional tiene mecanismos jurídicos en la práctica internacional para castigar, por lo tanto, los Estados pueden incurrir en responsabilidad si incumplen las obligaciones, pues sin consecuencia que sancione ese mal comportamiento, el derecho internacional se reduciría a la nada.

En cuanto al debido proceso, es la garantía que opera en cualquier procedimiento civil, laboral, entre otros, por lo tanto, el derecho internacional no es la excepción. Esta garantía se puede describir como el conjunto de requisitos que deben observarse en la resolución de un conflicto.

En el caso del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, éste fue pactado a petición del Estado de Guatemala para asistir y apoyar al Ministerio Público.

En el Acuerdo se establece de forma específica que el Comisionado disfrutará los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.Define además que los privilegios que le asisten es que poseerá “exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros”. Esto fortalece el compromiso que Guatemala facilitará la “libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio nacional”.

El convenio define en el artículo 12 que toda controversia entre las partes por la interpretación o aplicación del Acuerdo se resolverá por negociación o cualquier otro medio de solución mutuamente convenido.

En las acciones efectuadas por el gobierno, tanto el año pasado con la declaratoria de non grato, y ahora con la expulsión de hecho que se realizó del Comisionado, se puede deducir el incumplimiento de varios preceptos a los que se responsabilizó en el Acuerdo. Primero: la vulneración al debido proceso al no haberse impulsado y agotado por el gobierno de turno, la vía de la negociación. Segundo, la violación a la “exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros”. Tercero, no otorgar las facilidades de “libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio”, al vedar el ingreso al territorio nacional al Comisionado.

También se estima que hay incumplimiento de principios del derecho internacional, al no acatar la prohibición del uso de la fuerza o violencia en la resolución de conflictos. Es obligación jurídica de los Estados procurar la paz, a través del arbitraje y la negociación, no hacerlo es amenazar este bien que es un patrimonio de la humanidad.

La carta que remitió la Canciller al Secretario General de la ONU, donde lo emplaza por 48 horas para que designe a un nuevo comisionado o comisionada, con el consentimiento del Estado de Guatemala, no solo constituye una amenaza que puede traducirse como uso de la fuerza o violencia, sino que transgrede la facultad que tiene el Secretario General de la ONU para designar al Comisionado o Comisionada, sin el consentimiento de las autoridades de Guatemala, según el artículo 5 del Convenio.

En el presente caso, se estudia que el Presidente no tiene potestad soberana de ejercer sin restricciones. El Acuerdo de la Cicig no es una cuestión sujeta solo a la voluntad del Estado sino también a las normas del derecho internacional, lo que le impide desvincularse de forma arbitraria, sin observar el debido proceso, garantía reconocida en la Constitución y otros Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

La no observancia de esta garantía, legitima la decisión de la CC, que asumiendo su rol garante y de defensa de la Constitución promueve el respeto a ese privilegio y previene una sanción internacional contra nuestro país a través de la resolución emitida, al ser claro el incumplimiento sistemático del Acuerdo por parte de Guatemala.

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