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El deber del abogado en defender la justicia

#PensamientoCrítico

Cuando con el afán de retardar la ejecución de resoluciones o detener los procesos judiciales se interponen una serie de recursos y solicitudes que a todas luces evidencian la intención maliciosa, no existe duda que hay un profesional del derecho que está poniendo en entredicho su ética como abogado.

El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios es claro al señalar: “El abogado debe abstenerse del abuso de medios de impugnación y de toda gestión puramente dilatoria, que entorpezca el normal desarrollo del procedimiento. Este vicio afecta el prestigio de la profesión y el concepto de la justicia.” El entorpecimiento de los procesos judiciales es una de las causas que conllevan a la saturación de los órganos jurisdiccionales y, además, implica la utilización de recursos estatales, desperdiciados.

El profesional del derecho es el primer llamado a defender la justicia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Llamado a denunciar las arbitrariedades que se cometan o puedan cometer. Sin embargo, es recurrente ver, en la práctica tribunalicia, que se presenten recursos con el objeto de entorpecer los procesos. Esta mala práctica pone en riesgo el sistema de justicia y la percepción de obtención de justicia de los usuarios del mismo.

La probidad y la lealtad con el valor justicia, como postulados elementales en el ejercicio de la profesión, obligan al abogados a que su actuar sea congruente con la búsqueda de justicia como valor y para con su cliente o patrocinado. Si bien es cierto que se debe defender con vehemencia al cliente, esto no quiere decir que el profesional deba de apartarse de la legitimación de sus solicitudes.

Derivado de los procesos de corrupción que han sido revelados, los procesos judiciales han estado más cerca de la ciudadanía. Los medios de comunicación nos han tenido informado de los avances de los procesos y con ello todo ciudadano se ha replanteado, aunque sea mínimamente, su sentido de percepción obtención de justicia en el país. Es más frecuente escuchar las palabras “amparo”, “apelación”, “juicio”, “juez” y “Ministerio Público”, entre otros, en conversaciones informales; y planteamientos sobre lo justo y lo injusto. Una de las preocupaciones es la dilación de los procesos, lo tortuoso que esto se puede convertir, para quienes son procesados y para quienes buscan justicia.

Si desde las estructuras de poder formal se fomentan estas prácticas abusivas, hay muchas cosas que se deben de reconsiderar. Los profesionales del derecho no se deben de prestar a fomentar esta cultura. No todos los recursos y solicitudes pueden catalogarse como dilatorios, la regla general es que no lo son.

No obstante, lo que esta semana lo que hemos conocido de parte del Organismo Ejecutivo, respecto de una estampida de solicitudes en contra del amparo provisional en que se ordena permitir el ingreso del Comisionado de la CICIG al país y la sanción que se le ha dado a un diputado quien por enésima vez se le ha rechazado una recusación, son conductas que traspasan lo absurdo. Pero vergonzoso que existan abogados que se prestan a este juego.

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