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La huelga general y la aprobación del Paquete Tributario en Costa Rica

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Este país está obligado a zanjar las deudas que viene arrastrando el gobierno central desde hace veinte años. El gobierno de Oscar Arias fue el que reinició este ciclo perverso. Rodrigo Carazo, años antes, hizo una fuerte devaluación para saldar las deudas que se tenían hasta entonces. Parece insólito que con la credibilidad y capacidad política del ex presidente Arias que los gobiernos liberacionistas son los que más han utilizado el crédito  como una manera para financiar al país, desde la infraestructura hasta los salarios, como también lo hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís. Este gobierno (2018-2022) está obligado a resolver este déficit (deuda interna), pues si no lo hace, no podrá cumplir con las expectativas del modelo social que le permitió ganar las elecciones. Para algunos dirigentes políticos son las necesidades de la reactivación económica las prioridades de este país pues permitirá financiar las crecientes expectativas de la población. Se requiere de crecimiento económico, no solo el cobro de impuestos. Las mayores discusiones que se han presentado y dividen a la sociedad están relacionados con cuales son los impuestos a aprobar que hagan posible eliminar el déficit. Cada grupo social: empresarios, sindicalistas, gobierno, diputados, profesionales, estudiantes, docentes y ciudadanos (as) son los actores más importantes. Los más afectados negativamente son los consumidores pobres con el gravamen del 1% de la canasta básica.

Lo nuevo de este proyecto tributario es el cambio del Impuesto de Valor Agregado (IVA) por el impuesto a la renta. El IVA  amplía la base tributaria, combate el fraude al controlar el pago de impuestos de todo el proceso. Esto es la trazabilidad. Grava toda la cadena productiva, cubre a las actividades de servicios que han aumentado mucho dentro de la economía y  no estaban incluidas en el pago de impuestos. Hasta ahora los servicios no pagan impuestos, solo la renta que cubría a los productores y trabajadores. Esto va a agregar montos importantes a las arcas nacionales, pues con la globalización la actividad de servicios ha sido muy dinámica, ha generado nuevos bienes, ingresos y riqueza. Esta propuesta del cobro de impuestos va a fortalecer a las finanzas públicas. Pareciera que sobre esto hay acuerdo entre los grupo involucrados, al igual que el cambio y pago del IVA. El problema con el IVA es que afecta negativamente a los que menos ganan ya que el proyecto no es progresivo pues efectivamente no son los que más ganan los que más va a pagar. El IVA  cobra lo mismo a todos. Ante ingresos diferentes se paga el mismo porcentaje. No grava la riqueza.  Proporcionalmente los pequeños van a pagar más en relación con sus ingresos totales.  El otro problema, según demuestran los sindicatos y otras organizaciones sociales son las exenciones, pues una buena cantidad de personas o empresas se ven exentas del pago de impuestos. El monto de las exenciones en el periodo de L.G. Solís era igual o más grande que el déficit fiscal actual.

Con el IVA, el porcentaje pagado significa cuotas diferentes para los diferentes estratos económicos. Un 8% para alguien de bajos ingresos, en relación con sus ingresos totales y las cifras absolutas, es  una proporción mayor que para uno de altos ingresos. Los sindicatos no están de acuerdo con el gravamen a la canasta básica  de un 1%. Piden al gobierno incluir vías para atacar el fraude fiscal que representa casi el 50% de la deuda fiscal o el 5,6% del déficit actual. Consideran que el fraude fiscal es la primera causa estructural  de la desorganización económica de este país. Es responsabilidad de los que más tienen, si se quiere continuar con el proyecto democrático que hasta ahora la logrado este país con el financiamiento de políticas públicas. Por lo que las organizaciones sociales no lo aceptan pues esto hace responsables de pagar a los que no deben.

De no resolverse esta situación fiscal hará más lenta  la dinámica económica actual. El Producto Interno Bruto (PIB) bajará, el monto de los pagos aumentará así como el empleo abierto, que es del 10%, afectará sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. El tamaño de la población vulnerable crecerá, junto al deterioro económico en general. Con la aprobación del paquete tributario se captarían más impuestos y el país podría estar mejor. Si no se logra sería un disparador de deudas, transferencias, remuneraciones y contracción de la capacidad de consumo. El déficit es del gobierno central, no es de todo el gobierno, aunque la planilla más grande es la educación (maestros y policías). Educación representa el 8% de presupuesto nacional. El presupuesto nacional asigna el 52% al pago de ineludibles, 34% al pago de la deuda y a destinos constitucionales. Por lo que hacer recortes es casi imposible. De ahí que se propone gravar a otros sectores como son los cooperativistas que son grupos económicamente fuertes.

Otra de las causas estructurales del déficit es la corrupción. Aunque no hay datos concretos para probarla se pueden citar casos como el Cementazo, la Trocha, Caja-Fischel, entre muchos. Para la Procuraduría de la Ética  estos delitos no son vinculantes. El Poder Ejecutivo no puede actuar ante estos casos, es el Judicial. La inflación y la devaluación son los impuestos directos que más  afectarían a los más pobres de no aprobarse este proyecto. Los problemas que más afectan e incomodan a los costarricenses según un análisis hecho por diputados  son: 1) la evasión, ejemplo de esto son Los Papeles de Panamá, 2) las pensiones de lujo, 3) el no pago de impuestos de las cooperativas (como la Dos Pinos y todo el movimiento cooperativao, 4) Salarios de lujo de gobierno central, 5) la amnistía tributaria a morosos. Y 6) el empleo público que es la preocupación principal de los sindicatos, pues aquí tienen su mayor base social. En síntesis, un balance general y el análisis de las consecuencias sociales de este proceso se hará una vez pase este trámite en el Congreso, luego de aprobarse o rechazarse el proyecto.

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