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Urge la creación de subdistritos y el voto uninominal

#Evolución

Desde hace más de diez años propuse la división de los distritos electorales departamentales en subdistritos de tamaño razonable y que dentro cada cual se elija a un diputado, nominalmente. La propuesta tiene su fundamento en el artículo 157 de la Constitución, que establece los siguientes elementos respecto del sistema electoral: 1) El sufragio universal y secreto; 2) La composición del Congreso mediante el sistema de distritos electorales y lista nacional, en la proporción de 80% y 20%, respectivamente; 3) Establece que cada departamento constituye un distrito electoral, al igual que el municipio de Guatemala; 4) Requiere que cada distrito electoral cuente con al menos un diputado o representante.  Debiéndose respetar estos preceptos constitucionales, la propia norma indica que “la ley establece el número de diputados que correspondan a cada distrito en proporción a la población”.

En congruencia, es mediante la Ley Electoral y de Partidos Políticos como se determina el número de diputados distritales y la proporción de la población que cada uno representa. Hago hincapié en este punto para evidenciar que, como he sostenido, contrario al dictamen equivocado vertido por la Corte de Constitucionalidad, la creación de subdistritos electorales, ni mucho menos la reforma del sistema de elección hacia un sistema uninominal, contravienen el artículo citado, ni se requiere una reforma constitucional para implementar dichas reformas electorales, puesto que el propio artículo constitucional deferre a la Ley Electoral el mecanismo de elección de los diputados, así como la relación entre el número de diputados y la población, haciendo particular énfasis en el criterio de proporcionalidad.

En resumen, la propuesta consiste en que se debe, primero, definir un número fijo del total de diputados distritales; por ejemplo 100. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral deberá delimitar los subdistritos electorales de forma proporcional a la población. Por ejemplo, si hay 15 millones de habitantes y el número de diputados distritales es de 100, cada subdistrito electoral deberá delimitarse de manera que contenga una población media de 150 mil habitantes. En ese sentido serán útiles los datos del censo. Tercero, dentro de cada subdistrito, la población elige únicamente a un diputado, por nombre y apellido. Cuarto, el sistema se debe abrir a la competencia de candidatos incluso propuestos por comités cívicos regionales y no solamente por partidos políticos.

Las principales ventajas de este sistema perfectamente uninominal, entre otras tantas que por espacio no enumero, son que se consolida la verdadera representatividad democrática, fin último del sistema electoral, en lugar de la  partidocracia imperante. Los ciudadanos elegirán por nombre y apellido a su representante, le conocerán, le pedirán rendición de cuentas. El representante se deberá a sus electores, quienes le premiarán o castigarán con su voto, y no al dueño del partido como es en el sistema actual. Cuando el dueño del partido adjudica la primera casilla en el listado distrital, la única con posibilidades de obtener una curul, el diputado se subordina al partido y no a los electores a quienes se debe, quienes se ven forzados a votar por un partido, por un listado, no por un candidato. Este sistema sería más costoso, pero los beneficios políticos y tangibles del resultado de una gestión política más representativa, por mucho lo justifican. Y el costo no sería significativo. ¿Acaso no se regionalizan ya las elecciones municipales? Cuando un ciudadano elige dentro de un universo más pequeño y de forma directa, la representatividad democrática aumenta, y ese es el verdadero valor de la “proporcionalidad” amparado en la Constitución. Por último, en cuanto a algún temor que se incremente irrazonablemente el número de candidatos, la evidencia empírica demuestra lo contrario y la lógica es contundente. A sabiendas que solo habrá un candidato ganador por subdistrito, en la medida que las diferentes posturas ideológicas se dividan en múltiples candidatos, tendrán menos posibilidades de ganar, y a la inversa, por lo que, en realidad, el número de candidatos tenderá a reducirse y, más importante, la oferta política mejorará cualitativamente.

En conclusión, la propuesta es viable y congruente con los preceptos constitucionales y perfectamente se puede llevar a cabo mediante una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que, como ciudadanos debemos exigir y generar la presión suficiente al Congreso para que la misma se apruebe. Este es el momento.


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