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Desarticulan grupo delictivo organizado incrustado en el MP

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RAUL FALLA

#Kidon

El viernes de la semana recién pasada, la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, en uso de las facultades inherentes a su cargo, decidió remover a siete funcionarios públicos designados por Thelma Aldana, toda vez que los mismos no llenan el perfil idóneo para ocupar tales puestos, y existen graves denuncias de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de los fiscales regionales, Stuardo Ernesto Campo Aguilar, Brenner Israel López de León, Manuel Antonio Lemus Flores, Claudia del Rosario Palencia Morales y Elder Marconelly Fuentes Orozco. Así como, de las Coordinadoras Aura Teresa Colindres Román y Miriam Maribel Ambrosio Tocay, quienes debido a que no dieron la talla, deberán retomar de forma humillante los puestos que desempeñaban con anterioridad.

Ilusos, pensaron que podrían continuar las fechorías implementadas por el ex Comisionado Iván Velásquez Gómez, y así, manipular testigos falsos, suplantar evidencias, coaccionar jueces y magistrados entre otras actividades ilícitas, por ejemplo: dejar de investigar la compra del edifico de la corrupción por un monto de treinta y cinco millones de quetzales, o la extensión ilegal de visas y permisos de residencia a ciudadanos en su mayoría árabes. Pretender defenestrar al Presidente de la República, mediante la promoción de acciones espurias. Procesar de forma ilícita a su hijo y hermano por un hecho que no es constitutivo de delito. Allanar la casa presidencial, a pesar de ser el recinto del mandatario. Recluir en prisión indefinida a cientos de guatemaltecos, sin que existan indicios de responsabilidad, provocando incluso la muerte de cinco de ellos.

¡Pero se equivocaron! Una profunda investigación logró determinar que los asensos de los miembros de esta estructura criminal se fundamentaron en un pacto de corrupción con un doble propósito. Primero, asegurar a toda costa la impunidad de Thelma Esperanza Aldana Hernández, Mayra Yojana Véliz López, Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, Ana Elena Guzmán Loyo, Francisco Rivas Lara y Rootman Pérez, entre otros. Segundo, utilizar el cargo, para perseguir y criminalizar a cualquier opositor político o ideológico que representara un riesgo inminente para sus antiguos patrones o para las personas o grupos delictivos que los patrocinan.

Por desgracia para los defenestrados y ante su incapacidad para el ejercicio de la profesión liberal, tuvieron que suplicar de manera deshonrosa, volver a ocupar los puestos que tenían asignados con anterioridad, solo que ahora sometidos y condicionados para actuar de forma íntegra y legal, bajo el apercibimiento de destituirlos y encausarlos penalmente, si no se acoplan a las directrices de respeto institucional.

Es por ello, que la depuración en el Ministerio Público debe continuar, pues existen otros miembros de la estructura criminal que también fueron asignados de forma conveniente por la ex Fiscal General Thelma Aldana, para generar impunidad, tales como el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro. El jefe de la unidad de asuntos internos, César Romeo Santos y Santos. El jefe de la fiscalía de delitos electorales, Oscar Arturo Shaad Pérez. El jefe de la fiscalía de delitos administrativos Yoni Humberto Morales Chin. Y, el fiscal especial, Eliseo Rigoberto Quiñonez Villagrán, quienes valiéndose del cargo que ostentan, han retorcido la ley en perjuicio del Estado y sus habitantes.

Por fortuna, las cosas en Guatemala están cambiando para bien y es un hecho notorio que estamos ganando la batalla por recuperar la institucionalidad del país, para encausarlo por el camino de la legalidad. Desde luego, que esa transición llevará implícita la obligación de perseguir y procesar judicialmente a todos aquellos funcionarios que con su actuar violentaron la soberanía y el Estado de Derecho del país, acusaciones que deberán enfrentar solos, ya sin la cobertura impune que desde la CICIG les brindó el non grato.

“No torcerás la justicia; no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas”. Deuteronomio 16: 19.

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