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Reflexiones sobre la censura a Marduk

Preocupa de sobremanera la posición del Congreso de la República, que el 26 de septiembre de 2018, a través del punto resolutivo 5-2018, rechazó de forma categórica la llegada de la banda originaria de Suecia, denominada Marduk para un concierto programado en la ciudad capital el 11 de octubre de los corrientes, la que se hizo efectiva con la retención del grupo en la Frontera Las Chinamas.

Se aprecia que con esta decisión queda en evidencia la vulneración de derechos garantizados interna e internacionalmente, desafiándose no sólo la Constitución de la República, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las libertades de libre emisión del pensamiento y expresión, así como de religión.

A manera de ilustración, es necesario mencionar la sentencia condenatoria del 5 de febrero de 2001,  formulada por la CIDH en contra del Estado de Chile por prohibir en 1988, la exhibición de la película la Última Tentación de Cristo. En el fallo, se dedujeron responsabilidades internacionales a ese Estado por no adecuar sus normas constitucionales a los estándares internacionales sobre el derecho a la libre  expresión, así como por no asegurar que los órganos del poder público, sus autoridades y funcionarios, garantizaran efectivamente la libertad de expresión y religión.

En esa sentencia, la CIDH,  se expresa sobre estos derechos en los términos siguientes:

“La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social.  Sobre la primera dimensión del derecho (…), la individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.”

Según el artículo 12 de la Convención, el derecho a la libertad de conciencia y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su forma de vida…”

Derivado de esa condena, Chile reformó su Constitución e indemnizó económicamente a las víctimas, esto como consecuencia que la Corte argumentó que existe compromiso por parte de los Estados de respetar, cumplir  y garantizar efectivamente los derechos consagrados en la CADH, los que nacen al momento de ratificarla.

Por eso alarma la postura adoptada por el Congreso, porque ese punto resolutivo compromete la responsabilidad internacional de Guatemala, por lo que podría estar en una situación similar a la de Chile al censurar la presentación de ese grupo de rock.  Nuestro país es Estado Parte de la Convención desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció su jurisdicción contenciosa el 9 de marzo de 1987 y a la actualidad constituye uno de los países más sancionados por ese Tribunal internacional.

La Constitución de Guatemala reconoce estos derechos, es por ello que en el presente caso, hay un claro incumplimiento del deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y la CADH, y de garantizar el libre ejercicio de los mismos, porque bajo el principio de responsabilidad, no se analizó de forma amplia, consciente y racional si la medida asumida no era incompatible con  preceptos normativos.

Sin embargo, el problema de esta censura es que quienes podríamos resultar perjudicados  a largo plazo, somos todos los guatemaltecos, que en un momento dado tendríamos que pagar con nuestros impuestos las indemnizaciones por las malas decisiones que se asumen en nombre del Estado de Guatemala.

Muchos funcionarios públicos, siguen sin comprender que las disposiciones que toman en el ejercicio de su función, no son en nombre propio, ni las deben asumir según su voluntad, sus creencias o intereses, sino que al contrario deben de estar sometidas a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, les guste o no les guste, porque sus decisiones constituyen la voz del Estado y cualquier error es causa de responsabilidad en el ámbito nacional e internacional.

 

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