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La CICIG controlada

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Sin duda, había que tomar en serio la llamada del 6 de septiembre pasado de Mike Pompeo a Jimmy Morales para comunicarle, entre otras cosas, de que el gobierno de su país iba a apoyar a la CICIG, pero reformada. Y como es la política de interesada, parece que dejaron, para apaciguar las aguas, a su principal defensora en EE. UU., la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres, anunciar cuáles serán los cambios generales a la CICIG reformada, además de otorgarle, como premio de consolación, comunicar la buena nueva de la liberación de los fondos que habían congelado.

El anuncio de la liberación de los fondos del gobierno de Estados Unidos para la CICIG, sumado a las condiciones para esa liberación, significa que han discutido el tema de la CICIG y los cambios necesarios al acuerdo original firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, estos cambios no son exactamente los que piden nuestros gobernantes, que exigen la destitución de Iván Velásquez. Pero, al parecer, tanto los republicanos como los demócratas encargados de la negociación, se decantaron por la propuesta de António Guterres, Secretario General de la ONU, de nombrar un comisionado adjunto, que deberá tener la bendición de la administración de Trump.

El comunicado de la congresista fue muy vago en cuanto a los cambios a realizar. De manera general menciona, además del nombramiento de un comisionado adjunto, que van a establecer un mecanismo de revisión externa de la CICIG y nuevos lineamientos internos. Además, Torres anunció que el gobierno de EE. UU. y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la donación de seis millones de dólares a la CICIG. Imagino que lo anterior significa un mayor control externo, que puede implicar auditorías periódicas de parte de la ONU y reportes trimestrales a los países donantes.

No especificaron cuáles van a ser los cambios internos, aunque podemos relacionarlos con el comunicado que hizo casi simultáneamente Iván Velásquez de la concentración de los elementos de la delegación de la CICIG que operaba en Quetzaltenango en las oficinas centrales. Esa delegación estaba dirigida por un funcionario a quien el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa como consecuencia de varias acusaciones en su contra de mantener relaciones con terroristas de las FARC, de lo cual no tengo más información que la que ha circulado en los medios y en las redes.

Habrá que estar atentos a los cambios que se den en los próximos días en la CICIG, que pueden incluir la sustitución de los funcionarios a los cuales les negaron la visa de cortesía. Si a lo mencionado añadimos la reciente decisión de los magistrados de la CC, que se negaron a conocer las acciones en contra de la negativa a otorgar tales visas, podemos esperar que, tal vez, pronto termine la crisis relacionada con la CICIG. Una de tantas preguntas que me queda por responder es por qué Consuelo Porras, Fiscal General, autorizó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango, también suspendiera transitoriamente sus operaciones y se trasladaran a las oficinas centrales en Guatemala. ¿Será parte de los cambios a la CICIG reformada?

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