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Usurpadores terroristas

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RAUL FALLA

#Kidon

El artículo 39 de la Constitución Política de la República, reconoce la propiedad privada como un derecho inherente a toda persona humana, y lo equipara a otros derechos imprescriptibles tales como, el derecho a la vida y la libertad individual. Tutela, además, su defensa por cualquier medio legal, ante el embate público o particular.

De la misma forma, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos consagran y garantizan este derecho fundamental, y exigen a los gobiernos crear las condiciones jurídicas necesarias para que su ejercicio sea plenamente asegurado, a efecto de evitar cualquier acto que tienda a perturbar o intimidar a un propietario.

El Código Civil, faculta al titular de un bien inmueble su libre disposición, garantizando por completo su uso, goce y disfrute, dentro de las limitaciones taxativamente establecidas en la ley, como la expropiación o la constitución de una servidumbre.

En congruencia, el Código Penal castiga a cualquier intruso que, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito, despoje o pretenda despojar a otro de la propiedad o posesión de un bien inmueble o derecho real constituido sobre el mismo, conducta que se agrava si la usurpación dura más de tres días; es ejecutada por más de cinco criminales; causa daños al inmueble; se vede el ingreso al propietario o sea expulsado; se ejecuta mediante violencia, clandestinidad, intimidación o engaño.

Es más, el delito se considera flagrante y la ley impone al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y al Juez, la obligación de expulsar y consignar inmediatamente a los usurpadores, a quienes incluso la Ley Contra la Delincuencia Organizada, los califica como grupo delictivo organizado u organización criminal, por la forma de operar, así como por el grave daño al interés general que producen sus actos.

Sin embargo, esa protección constitucional se violentó por la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, quien de forma dolosa y con un claro sesgo ideológico marxista, emitió la instrucción general número 03-2012, por virtud del cual reglamentó el procedimiento a utilizare en el caso de usurpaciones. De esa cuenta, impuso a los agentes fiscales suspender toda investigación, captura o desalojo de estos criminales, hasta no agotar previamente la vía conciliatoria con los propietarios, a quienes obligó a negociar con terroristas, para luego exigirles garantizar la alimentación, educación y seguridad de los intrusos y sus hijos por el tiempo que dure la invasión, todo con el acompañamiento y complicidad de entidades nacionales y extranjeras de falsos defensores de derechos humanos, cooperativistas y sindicalistas.

Es por ello, que las estadísticas de fincas usurpadas a nivel nacional van en un claro y desmedido aumento, pues los grupos delictivos organizados y quienes los patrocinan han encontrado en la usurpación una forma de vida muy rentable, así como con los efectos colaterales que se generan, tales como el sicariato, la tala indiscriminada y comercialización clandestina de árboles de distintas clases, la contaminación de fuentes de agua y otros recursos naturales, el robo de ganado, de cosechas, de energía eléctrica, etc.

Y qué decir, de jueces, magistrados, fiscales y abogados que rápidamente a cambio de dádivas otorgan protecciones constitucionales ilegales a los invasores, por virtud de las cuales se suspenden los desalojos o se dejan sin efecto las aprehensiones de estos delincuentes.

Por ello, se hace necesario que a la brevedad posible todos los afectados se organicen para exigir a la Corte de Constitucionalidad, la inmediata declaratoria de inconstitucionalidad de la instrucción general número 03-2012, suscrita por Claudia Paz y Paz, a efecto de que las denuncias de usurpación sean tramitadas y por ende desalojadas inmediatamente por la fuerza pública todas aquellas fincas o parcelas invadidas, así como la captura de los integrantes de las estructuras criminales organizadas.

Pues, en caso contrario es decir que consientan estas prácticas ilegales o no se realicen las acciones jurídicas necesarias para defender el derecho de propiedad privada, seremos testigos de como este fenómeno delincuencial se expandirá por todo el país, y los delincuentes pasaran de tomar fincas productoras, a usurpar casas, terrenos urbanos o simples jardines de cualquier vecindario, sin que podamos ejercer una defensa atinada de nuestros derechos.

“La teoría del comunismo puede resumirse en una frase: la abolición de toda propiedad privada”. Karl Marx.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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