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Peligra autonomía financiera del OJ

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El Organismo Judicial (OJ) es uno de los tres poderes del Estado, encargado de administrar justicia y promover la ejecución de lo juzgado.

Una de las garantías del OJ, es su independencia económica, la que se “…sustenta en dos fuentes: la asignación presupuestaria y sus fondos privativos…” (Gaceta No. 50, expediente No. 292-98, página No. 24, sentencia: 01-10-98). De conformidad con la Constitución, se le debe asignar “una cantidad no menor del 2% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente”.

De lo anterior, se puede establecer que el OJ tiene una asignación presupuestaria conferida por la Carta Magna; sin embargo, muchas veces el mandato es incumplido y sus finanzas quedan a expensas de los recursos que le deseen autorizar los funcionarios que elaboran y aprueban el presupuesto de la Nación.  En el año 2016 hubo inobservancia al ordenamiento jurídico, cuando únicamente le fue acreditado el 1.68 % de los fondos, cifra menor a la determinada constitucionalmente. (Justicia en Riesgo, Obstáculos a la Independencia Judicial).

Adicional a esta problemática, se adhiere el minúsculo monto que la Constitución le fija, y que en comparación a sus pares a nivel latinoamericano, constituye una de las inversiones más bajas que se le adjudica a la administración de justicia e impropia de un Organismo de Estado y a la función tan transcendental que desempeña en la sociedad.  Esta suma además es incomprensible cuando al “deporte” se le brinda una jerarquía mayor que a la “justicia” al consagrarle a esa actividad un porcentaje no menor del 3% del presupuesto estatal.

Ahora de nuevo se ha dicho que en el proyecto de presupuesto para el 2019 se contempla un recorte al presupuesto de esa Institución.  Esto debe motivar alta preocupación de todos los guatemaltecos porque esta acción va dirigida a debilitar una actuación independiente del poder judicial.

Muchas veces la aprobación presupuestaria es utilizada como medio de presión y muy útil para amordazar y doblegar las decisiones que se emiten por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, y, por otro lado, con un presupuesto insuficiente, no es posible cumplir con los compromisos económicos adquiridos, lo que finalmente obstruye el mantenimiento de un Estado de derecho democrático que garantice la paz social.

Es lógico pensar que esta fragilidad presupuestaria impide contar con un sistema de justicia fortalecido, porque no se asegura la funcionalidad, independencia, objetividad, ni el acceso a la justicia de forma pronta y efectiva.  Cualquier reducción al presupuesto afecta los compromisos cotidianos, así como la continuidad, ampliación y fortalecimiento de nuevos órganos jurisdiccionales o de mejoras al servicio que vayan enfocados a acelerar y transparentar la actividad judicial.

La independencia judicial no es un derecho de los jueces, sino un derecho humano inherente a las personas que les asegura el acceso a la justicia en condiciones de imparcialidad, igualdad y equidad. Esta especie de bloqueo que se impulsa en contra del OJ, en el que se pretende perjudicar sus finanzas, sin lugar a dudas quebranta una garantía constitucionalmente ineludible, como lo es gozar de autonomía financiera y no estar sujeta a subordinación de otro organismo o autoridad.

Sin lugar a dudas, la reducción de fondos, compone una obstaculización grave a la administración de justicia que entorpece el combate a la impunidad y organiza un ataque a la independencia judicial que no le avala una autonomía efectiva en el ámbito financiero, pero además desatiende la tarea de construir un poder judicial autónomo, fuerte, eficiente, transparente y respetuoso de derechos humanos.

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