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Ataque a la libertad de expresión que traspasa lo ridículo

#Evolución

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Esta semana los diputados Eva Monte, Dolores Beltrán, Estuardo Galdámez, Delia Bac y Karla Martínez presentaron una iniciativa de ley para reformar el código penal, creando los delitos de acoso político y violencia política. El primero castigaría a las personas que, según la iniciativa, realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función pública durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos políticos o los induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad. El segundo castigaría a quienes realicen alguna agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción en contra de los postulantes o personas electas de la función pública, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, su mandato o función.

Como era de esperarse, no demoraron las fuertes críticas generalizadas a esta iniciativa y a sus proponentes, ya que esta propuesta a todas luces representaría una violación a la libertad de emisión del pensamiento garantizada en el artículo 35 de la constitución. La libertad de expresión tiene como únicas limitaciones las declaraciones que constituyen calumnia o injuria, cuando se trata de particulares únicamente, ya que según la constitución no constituyen delito o falta la emisión del pensamiento que contenga denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos, de manera que, al tenor de lo establecido en la constitución, la legislación propuesta sería evidentemente inconstitucional. Cabe mencionar que la propia constitución establece que los funcionarios tienen el derecho de exigir que un tribunal de honor, integrado de conformidad con la ley de emisión del pensamiento, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados y que el fallo mediante el cual se les reivindique deba publicarse en el mismo medio en el que se les hizo la imputación. En resumen, la constitución y las leyes prevén los mecanismos tanto para garantizar la libertad expresión, como para que los funcionarios públicos puedan obtener un pronunciamiento respecto de la falsedad o inexactitud de las imputaciones que se les hagan, con la prohibición expresa de que dichos señalamientos en ningún caso pueden ser constitutivos de delito o falta.

El otro aspecto criticable y sin sentido de esta propuesta radica en el supuesto que mediante los cuestionamientos o pronunciamientos sobre los candidatos políticos que hagan los ciudadanos,  exista la posibilidad de generar presión, persecución y hostigamiento en su contra, de manera que se les vede el ejercicio de sus derechos políticos o se les induzca a tomar decisiones en contra de su voluntad. La tipificación de este delito con base en este conjunto de elementos francamente no podría ser más absurda porque habría que demostrar que las acciones o críticas a los candidatos o funcionarios les provocaron un efecto psicológico de tal magnitud que optaron por declinar su participación política o cambiar de parecer respecto de alguna decisión en función de sus cargos, situaciones que serían imposibles de demostrar objetivamente por razones obvias. El segundo delito propuesto habla de agresiones físicas o psicológicas con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de los candidatos o funcionarios. En general, las agresiones físicas, violencia psicológica y coacción o amenazas ya están tipificadas como delitos que abarcan a cualquier persona que incurra en estas acciones antijurídicas, de manera que en ese sentido es innecesaria una nueva tipificación de estos delitos. En lo relativo a la intencionalidad de vedar el ejercicio de los derechos políticos, por un lado, se incurre nuevamente en una calificación carente de objetividad en el sentido que no sería posible determinar el aspecto psicológico del agente en cuanto a la finalidad de sus actitudes. Por otro lado, ya están tipificados una serie de delitos eleccionarios y en contra de la administración pública, de manera que cualquier acción concreta y típica que tienda a mermar el proceso electoral o el ejercicio de la función pública ya es constitutiva de delito.

Resulta obvio que esta iniciativa pretende imponer una mordaza a los ciudadanos y comunicadores a efecto de intimidarles con sanciones de tipo penal para que se abstengan de hacer pronunciamientos o críticas que incomoden a los candidatos o funcionarios. Es predecible, primero, que esta iniciativa prospere y, segundo, que en caso de aprobarse, sea declarada inconstitucional.  La lección más importante acá es relativa a la naturaleza real de la propia clase política, absolutamente incompetente e ignorante de los principios jurídicos más elementales, que consideran que la legislación es un instrumento a su disposición mediante el cual pueden encausar el orden social a su conveniencia; y la prueba de ello son propuestas como esta que simplemente traspasan lo ridículo.

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