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Respetar la Constitución

#PensamientoCrítico

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La Constitución Política de la República es la norma fundamental, de la cual los derechos y obligaciones fundamentales de los guatemaltecos y los funcionarios públicos emanan, y se limitan. Es de esta de donde se impone la obligación a los guatemaltecos de cumplir y velar porque la misma se cumpla (artículo 135). Mientras que a los funcionarios les da la categoría de depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella (artículo 154).

En medio de un contexto político abrumante, se requiere que el cumplimiento de la ley se mantenga con aras de asegurar la certeza jurídica y el camino a la búsqueda de ser un Estado de Derecho. Es por ello que cuando existen actos de las autoridades públicas que riñen con los preceptos constitucionales, existe el deber de ponerlos en evidencia.

Durante los recientes días se ha visto como el respeto de la Constitución dista de ser una prioridad de algunos funcionarios. Primero, encontramos que el Vice Ministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Kamilo Rivera, se encuentra prófugo de la justicia con la venia de la misma cartera para la cual hasta hace unos días servía. Existe una evidente obligación del Ministerio de Gobernación de dar con el paradero de esta persona y el hecho que la reacción del mismo sea un comunicado instando a su entrega, resulta no solo humillante y vergonzoso, sino también emite un mensaje de incapacidad y encubrimiento por parte de las autoridades; evidente incumplimiento de sus competencias y deberes.

También se evidenció, en los recientes días, por un comunicado que publicó la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores se negaron a recibir la documentación para la renovación de la visa del Comisionado Iván Velásquez, quien se mantiene al frente de esta institución. Ninguna autoridad tiene el derecho ni la facultad de denegar que una petición sea restringida, en todo caso deberán de resolver el fondo de dicha solicitud dentro de los límites de la ley.

Finalmente, en un acto de descaro, cinco diputado del Congreso de la República presentan una iniciativa con el objeto de penalizar el escrutinio público de los ciudadanos y los medios de comunicación de la función pública de los candidatos que se presenten para optar a los cargos públicos y quienes ejercen uno. Descaro, repito, pues la Constitución es clara al afirmar: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.” El hecho que no se sientan cómodos con las críticas que se realizan, no implica que puedan restringirlas.

Es nuestro deber como guatemaltecos denunciar que este tipo de actos no se pueden dar. Si se permite que de forma arbitraria se aplique o cumpla la ley, entonces nos convertimos en cómplices. No solo eso, el día de mañana podríamos ser víctimas de la restricción del ejercicio de nuestros derechos.

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