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Ejecución Penal al borde del colapso

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En la Cumbre Judicial Iberoamericana, verificada en marzo de 2008 en Brasilia, se declaró por los poderes judiciales representados, que las personas detenidas por poseer mayores obstáculos para ejercer sus derechos -al estar limitados de su libertad- son un grupo en condiciones de vulnerabilidad.  Expusieron que el sistema judicial, para vencer, eliminar o mitigar esas limitaciones debe configurarse “como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad”.

Sin embargo, en nuestro país, respecto a los reclusos con sentencia firme, el acceso a la justicia seguirá como deuda pendiente.  El propio sistema judicial se niega a garantizarles y protegerles los derechos reconocidos en la Constitución y normas internacionales.  Esta afirmación se formaliza, porque a los Juzgados de Ejecución Penal no se les otorga la importancia que merecen, se les ha dejado en el desamparo y al borde del colapso.

Uno de los Juzgados de Ejecución que más problemas ha padecido, es el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal.  Éste posee su sede en la capital, es el más grande del país desde el año 2013, luego que la Corte Suprema de Justicia lo convirtió en juzgado pluripersonal, y dejó en una sede judicial a seis jueces.

Según el Anuario Estadístico del 2015, en ese Juzgado ingresaron al año 7,471 casos nuevos; los jueces celebraron 13,909 audiencias y emitieron 9,205 resoluciones judiciales, lo cual le convierte en el Juzgado con más carga laboral en el país.

Sin embargo, parece que poco ha importado a las autoridades toda esa sobrecarga laboral, pues continúan sin adoptar medidas para mejorar la prestación del servicio. No se preocupan en contratar suficiente personal para atender dignamente a unos 300 usuarios de la capital y departamentos que lo visitan a diario por distintos trámites.  Tampoco brindan herramientas tecnológicas adecuadas al trabajo de ejecución penal para agilizar procesos y evitar detenciones ilegales.

Cada juez, a pesar de que al año recibe más de 1,800 nuevos procesos, además posee casos pendientes desde los años 60 a la fecha, porque incontables procesos siguen vigentes a causa de que un sinfín de reos no ha cumplido su pena o tiene trámites pendientes, no obstante, al juzgador sólo le asignan dos o tres auxiliares judiciales para que lo asista.

A este abandono administrativo, se unen frecuentes traslados de la sede del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, lo cual enuncia que, en lugar de contribuirse a una justicia pronta y efectiva, sólo se aplican más obstáculos al acceso a la justicia de este conglomerado, al retardarse por meses e incluso años, la resolución de sus peticiones.

Asimismo, a este órgano jurisdiccional continuamente le asignan espacios pequeños para cumplir su función, sin considerar que debe contar con espacios grandes porque maneja el archivo judicial vivo más grande de la República y el que crece constantemente, al custodiar los procesos hasta por más de 50 años.

Ahora nuevamente han decidido, que en época de vacaciones y con una porción del personal auxiliar judicial de ese órgano jurisdiccional, se reubique la sede en la zona 7 capitalina, sin considerar las necesidades de los detenidos que aprovechan la época para resolver su situación jurídica y salir de prisión.

El lugar de la nueva sede judicial tiene poco acceso a transporte urbano; las carceletas están en medio de las salas de audiencia, las que aparentemente serán trasladadas a un parqueo no móvil de vehículos, lo que atenta contra su propia seguridad y coloca en riesgo la integridad personal de jueces y empleados. Tampoco se ha asignado a más personal para mejorar las condiciones de prestación del servicio, ni designado transporte que mitigue la distancia que lo separará de los demás servicios judiciales penales.

El espacio para el archivo otra vez es pequeño e insuficiente para custodiar los miles de procesos judiciales existentes, lo que negará atender en tiempo corto las solicitudes, porque para resolverlas, es imperioso tener a la vista las actuaciones judiciales.

Con toda esta serie de dificultades que entorpecen el acceso de la justicia a los encarcelados con sentencia firme, paradójicamente por quienes deben tutelar efectivamente derechos y garantías, se demuestra que la ejecución penal en Guatemala no sólo es la hija pobre del principio de legalidad sino de todo el sistema legal, desempeñando el papel de verdadero verdugo, al que poco le interesa que existan derechos formales favorables a los titulares que legalmente debe tutelar.

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