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Una luz al final del túnel

#GuatemalaAlRescate

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Esta semana sucedieron dos hechos que son importantes para la desactivación de los conflictos sociales en el país, el primero, la firma del Acuerdo de Paz y Desarrollo que persigue detener la hostilidad hacia los proyectos que llevan desarrollo a las comunidades y, el otro hecho, la sentencia condenatoria en contra de Bernardo Caal Xoy en Alta Verapaz.

A Bernardo Caal Xoy, se le acusó, por parte del Ministerio Público, de liderar a una turba que agredió y retuvo ilegalmente a trabajadores de una empresa a los que, además, les robaron su equipo,  hechos sucedidos en Santa María Cahabón, Alta Verapaz; esta condena debe  servir de ejemplo para que se entienda que no se puede transgredir la ley de manera violenta sin ser perseguido penalmente,  porque nadie es superior a la ley y  todos los ciudadanos debemos respetarla y obedecerla.

Paralelamente en Huehuetenango, Representantes de varias comunidades de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, autoridades locales y de Gobierno firmaron el Acuerdo de Paz y de Desarrollo cuyo objetivo es detener los actos violentos que han afectado a este municipio y sus comunidades circunvecinas durante varios años, hechos causados por grupos armados opositores a la implementación de proyectos hidroeléctricos, y aunque los opositores  fueron invitados a participar en la mesa de diálogo, estos no lo hicieron, el Obispo de Huehuetenango, Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, firmó el acuerdo como testigo de honor y como invitados especiales, el nuncio apostólico Nicolás Thevenin y el embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein.

Es una realidad que en las áreas rurales en donde existe conflictividad social, se da una relación simbiótica entre algunas organizaciones y algunos seudo líderes con el crimen organizado, quienes se unen o estrechan nexos para lograr sus fines,  y  siempre  manipulan a las comunidades  repartiendo víveres o dinero para actuar de la forma  como a ellos les conviene, sea utilizando la violencia, reteniendo autoridades de gobierno o bloqueando carreteras,  sus  fines son  perversos ya  que únicamente buscan su beneficio, recibiendo dinero, provenga este de dónde provenga.

De allí la importancia de que el Ministerio Publico investigue de oficio en los lugares en donde se cometen estos tipos de tropelías para  individualizar a los responsables de los ataques y daños a las empresas y sus bienes, y poner a disposición de los tribunales, tanto a los autores intelectuales como a los materiales, para que estos  actos no  “queden en la impunidad”, y de igual forma el Estado debe  retomar el control territorial utilizando la fuerza pública para combatir a los grupos armados que se han venido organizando en esas áreas y son responsables de daños a la propiedad privada, asesinatos y muchos otros delitos.

Como Estado debemos atraer inversión, y generar fuentes de trabajo en el área rural, para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema, mejorar la salud, educación y proveer de seguridad y justicia a los pobladores de todo el país, generando oportunidades que además de ser una obligación del Estado, es la demanda de las comunidades rurales; pero  para lograrlo es requisito esencial desactivar la conflictividad social, atendiendo las razones de fondo por las cuales se originaron esos conflictos, y buscando los mecanismos adecuados para su resolución definitiva.

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