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El juicio del siglo

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Actualmente se desarrolla en Nueva York el denominado juicio del “siglo”, el cual acapara titulares y la atención internacional porque se juzga al narcotraficante mexicano el “Chapo” Guzmán.

El primer testigo que presentó la Fiscalía de Nueva York fue Jesús Zambada, hermano de otro líder del cártel de Sinaloa, Ismael el “Mayo” Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala de líder de dicho grupo. Jesús Zambada, alias el “Rey Zambada” se autodenomina sublíder de esa organización criminal, e indica que era el hombre de confianza de su hermano y responsable de sus cuentas.

En tiempos remotos era ináudito escuchar el testimonio de un “delincuente” y que los jueces le otorgaran valor probatorio para condenar a otro criminal; sin embargo, la utilización por parte de esa Fiscalía de quien participó en actos reñidos con la ley acredita que en el sistema procesal penal norteamericano, estos mecanismos de negociación penal son un método importante y eficiente para deducir responsabilidad penal a miembros de una estructura criminal.

En Estados Unidos “negociar” casos penales con otros criminales, quienes reciben diversos beneficios, es una institución procesal penal bastante recurrente para culminar juicios penales de forma expedita. Esta justicia penal negociada se ha popularizado y extendido por todo el mundo, porque permite juzgar y desmantelar organizaciones de la nueva criminalidad procesando a los bandos más altos e importantes, aún así se tenga que beneficiar con penas menores o garantizar inmunidad a los bandos menores o a personas con información privilegiada.

La criminalidad organizada suele dedicarse permanentemente a la comisión de delitos graves, la mayoría de las veces de forma transnacional, cometiéndolos de manera sofisticada y compleja, que se ejecutan a través de grupos de personas organizadas jerárquicamente que, a lo interno, efectúan roles distintos para alcanzar su finalidad.  Desentrañarlas e investigarlas no es tan fácil como indagar un delito convencional sea robo o hurto donde únicamente participa una persona, y difícilmente se podría efectuar con los métodos tradicionales de investigación.

Ante esta situación, Estados han creado modelos de política criminal para tener las herramientas jurídicas necesarias para combatir la delincuencia organizada, y desde ese punto, ante la evidente evolución de la actividad criminal, se entiende y es necesario para garantizar la seguridad ciudadana, la utilización de métodos especiales de investigación y programas de protección de testigos, que permitan asegurar los casos penales.

Esta manera de resolver los procesos con base en una “negociación” con otros criminales y/o brindando protección a testigos que colaboren en causas penales, se realiza con personas que brinden información trascendente y eficaz, que debe verificarse con otros medios de investigación, y para ingresar al programa de testigos protegidos, es necesario determinar que efectivamente su vida corre riesgo.

En Guatemala, el Decreto 70-96 Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal regula un programa dirigido por el Ministerio Público para brindar protección a testigos que estén expuestos a riesgos a su integridad personal, por su intervención en juicios penales, por medio de varios planes descritos en esa norma o bien brindando los beneficios que el Consejo Directivo considere convenientes.

Así mismo, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006, estipula una serie de métodos especiales, entre ellos, la colaboración eficaz y la intervención telefónica, encaminados a ampliar la capacidad punitiva del Estado y modernizar la legislación penal frente al avance de nuevos fenómenos delictivos, como combatir el de la delincuencia organizada.

En la actualidad guatemalteca, el uso de estos dispositivos procesales penales de negociación, en especial en juicios de delitos de cuello blanco, se ha criticado injustificadamente al señalar que, si hay negociaciones, ese testigo o colaboración no es tan creíble y por ello se manipula los casos. Sin embargo, es oportuno clarificar que son métodos procesales lícitos de negociación y protección que ayudan en el proceso penal, especialmente en crímenes vinculados con la delincuencia organizada o de trascendencia e interés político, para determinar la participación penal de los “peces gordos” que cometen hechos delictivos, pero que además permiten que el Estado de Guatemala imparta justicia eficazmente.

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