Home > Columnas > El gobierno debe terminar el acuerdo de CICIG

El gobierno debe terminar el acuerdo de CICIG

///
Comments are Off
RAUL FALLA

#Kidon

.

La semana recién pasada se filtraron nuevos videos donde se pudo observar a personeros de la CICIG, negociando prebendas económicas y excarcelaciones a favor de varios reos condenados por graves hechos delictivos de impacto social.

Los supuestos expertos en investigación y traslado de capacidades, de manera risible resultaron burlados por sus nuevos socios criminales, quienes resultaron más astutos al grabar todas y cada una de las conversaciones donde ingenuamente los delegados de la CICIG, hicieron semejantes ofrecimientos ilegítimos. Como buenos extorsionistas, aseguraron contar con el material necesario para con posterioridad coaccionar a sus aliados, en caso no les cumplieran los beneficios ofrecidos.

Carentes de toda legalidad y pudor, las declaraciones amañadas de estos criminales narraban un libreto previamente escrito por los esbirros del non grato, donde con una memoria envidiable relataban fechas, horas, minutos y segundos de lugares y rostros de personas que supuestamente participaron en los operativos de recaptura, así como, la perfecta identificación de vehículos, armas y disparos efectuados.

La noticia de su liberación y la medida de prisión preventiva decretada en contra de los ex integrantes de gobernación causó una indignación social e internacional de gran trascendencia, pues, una vez más se logró establecer el patrón que utiliza esta estructura criminal organizada denominada CICIG, y a ello obedece que tengamos en prisión preventiva – definitiva a cientos de sindicados, así como, las cinco sentencias pírricas obtenidas a través de procedimientos abreviados.

Ante esas graves violaciones a los Derechos Humanos, los continuos intentos por violentar la soberanía nacional y el Estado de Derecho del país, la intención de reformar la Constitución Política de la República, para vilipendiar la independencia judicial y la reciente captura del Tribunal Supremo Electoral con miras a concretar un fraude electoral, se hace urgente y necesario, primero, que el Presidente de la República haga caso omiso de la resolución ilegitima emitida por la Corte de Constitucionalidad, por virtud de la cual se ordenó el ingreso de Iván Velásquez Gómez al país. Segundo que, haciendo uso de las facultades constitucionales inherentes a su cargo, proceda a denunciar ante el Tribunal Internacional de Justicia, el acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, a efecto de dar por terminado de una vez por todas y de forma inmediata con el mismo.

Luego, deberá expulsar a todos los extranjeros que laboran en la CICIG, por carecer de legitimidad para permanecer en el territorio nacional. Con posterioridad, deberá ordenar al abogado del Estado, es decir al Procurador General de la Nación, que  promueva las acciones penales respectivas en contra de todos los funcionarios públicos que utilizaron el cargo para violentar la institucionalidad del país, iniciando por los tres Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José Francisco de Mata Vela y Boanerge Mejía Orellana; la ex Fiscal General, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade; y el temeroso jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, entre otros.

Jimmy Morales, recuerde que sobre sus hombros pesa la honrosa responsabilidad de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y la ley, así como de acuerpar la actuación de los valientes ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores. Por lo cual, si usted decide continuar inmóvil ante las continuas violaciones a las garantías individuales de los guatemaltecos o ante los manifiestos ataques a la institucionalidad, será el único responsable de la grave crisis política, jurídica y social que se generará, o en su caso, responsable del regreso del non grato al territorio nacional. Es tiempo de actuar.

TEXTO PARA COLUMNISTA
.
.