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Radiografía de la coyuntura

#PensamientoCrítico

La coyuntura nacional está cada vez entre más tensiones, con las elecciones a la vuelta de la esquina y un gobierno empecinado en desmantelar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad.

El gobierno del Presidente Jimmy Morales ha dejado en claro que la decisión de no continuar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad está en firme. Esta vez al retirarle la visa de cortesía a once de los investigadores de esta entidad internacional. Lo que atribuye a que la Organización de Naciones Unidas no ha respondido de forma afirmativa a sus requerimientos.

Estas medidas adoptadas por el gobierno no pueden interpretarse más allá que unas medidas intimidatorias en contra de la Comisión y el debilitamiento de los procesos –judiciales o en investigación- en los que estos investigadores están involucrados. “No son represalias”, asegura el mandatario. Sin embargo, el Acuerdo de establecimiento de la CICIG en el país sigue siendo una ley vigente en el país y por lo tanto debe de respetarse. Por más que repitan hasta el cansancio que con estas medidas no se está quebrantando la ley, lo cierto es que no la están cumpliendo. En mi labor de jurista tengo la obligación de exponer esto, le guste o disguste a quien lo lea.

De conformidad con el Acuerdo relacionado: “Artículo 6. Cooperación con la CICIG. 1. El Gobierno de la República proporcionará toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones y actividades de la CICIG de conformidad con el ordenamiento jurídico y garantizará, en particular, a sus miembros: (a) Libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio de Guatemala; (b) Libertad de acceso sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares y a todos los establecimientos penitenciarios y de detención sin previo aviso, observando lo que para el efecto preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala (…)Artículo 10. Privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la CICIG. (…) 3. Los privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la CICIG se otorgan en atención a los intereses de la Comisión y no al beneficio personal de los individuos en cuestión. El derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad, cuando ello proceda sin perjuicio del objetivo para el que es otorgada, requiere, en cuanto al Comisionado/a, la autorización del Secretario General de las Naciones Unidas y en el caso del personal de la CICIG, del Comisionado/a.”

Obligaciones asumidas de forma voluntaria por el Estado, es más, por el mismo gobierno en funciones, el cual solicitó la prórroga del mandato en el año 2016.

Cuando el pasado 31 de agosto se anunció que no se renovaría el plazo del establecimiento de la CICIG, se apeló a la transferencia de capacidades, lo cual resultará imposible si aquellos llamados a hacer esa transferencia son impedidos de hacerlo por no contar con los permisos migratorios correspondientes. Lo que se pretende, según interpreto, es el debilitamiento de la institución porque la ONU no ha atendido a la solicitud del cambio de Comisionado.

Resulta totalmente contradictorio que la propaganda sea que se le solicite a la CICIG que cumpla con la ley, si estos son los primeros que están dispuestos a apartarse de ella. La congruencia está en la coincidencia de las palabras y los actos.

Esta no es un análisis del trabajo de la Comisión, sino de los actos del gobierno, pues como ciudadano me preocupa que el día de mañana, por un capricho del gobernante de turno también decida saltarse la ley ante mis derechos, el de mi vecino, el del guatemalteco en general. Como constantemente lo repito, si se permite la violación del derecho de una persona por parte del poder público y callamos, ese mismo silencio recibiremos cuando sea con el propio.


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