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Antejuicio a Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, perspectiva y congruencia

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Evolución

Recientemente abogados de la Procuraduría General de la Nación presentaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra de tres magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata Vela, Boanerge Mejía Orellana y Gloria Porras Escobar. Los delitos de los que se les sindica son prevaricato, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución y abuso de autoridad, según el comunicado emitido por la PGN. Conforme la competencia establecida en la constitución, la Corte Suprema de Justicia deberá conocer y remitir el expediente al Congreso de la República, órgano que tiene la decisión de declarar si ha lugar o no a formación de causa en contra de los tres magistrados señalados.

Desde luego que las críticas al gobierno por esta acción de la PGN no demoraron y sobraron los señalamientos que esta fue una represalia por la torpe decisión del gobierno de retirar las visas a varios funcionarios de la CICIG. Una decisión, por cierto, sin sentido ni fundamento legal, al tenor del convenio celebrado con la ONU que dio vida a la CICIG. Convenio que debido a la crasa sumisión del gobierno de Guatemala al momento de la negociación, no previó un mecanismo efectivo para dirimir controversias y, peor aún, para garantizar la remoción de funcionarios de CICIG que no cumplen con sus funciones o abusan del poder e inmunidad del cual gozan.

Como siempre, la prensa ofuscada por sus sesgos ideológicos, algunos manifiestos y otros encubiertos, saltó oficiosamente a la defensa de su Corte de Constitucionalidad elevándola al plano de su sacrosanta CICIG, ese plano donde le han concedido la gracia de ser infalible, incuestionable, incontestable y donde cualquier crítica deviene blasfema.  Por supuesto, a la feligresía de ideólogos devotos de siempre, se han sumado quienes en algún momento se proclamaron apóstatas de la corrección política, pero que hoy han visto una luz que ilumina un horizonte repleto de réditos y popularidad en la medida que se esmeran por congraciarse con los autoproclamados “progresistas”- ofrezco disculpas por el oxímoron – luz que no es más que el reflejo de un espejismo que se reniegan a ver. A final, quizá no han caído en cuenta para quién trabajan.

No por eso piense que habré de defender lo indefendible. La corrupción sigue rampante en el gobierno y la vetusta clase política se aferra por todos los medios a su alcance, ilegales, pintados de legalidad e ilegítimos, para no ceder un ápice en su lucha por defender un sistema político perverso que expolia al ciudadano y les colma de poder.

Por ello nos debiera parecer extraño que muchos de los que dicen “librar la lucha contra la corrupción”, hoy salten a la defensa de funcionarios públicos que al igual que cualquier ciudadano deben estar sujetos a la ley, pero que hoy sus fanáticos los quieren ubicar por encima de ella. Pero, para quienes estamos acostumbrados a su habitual hipocresía, su falta de congruencia es hasta predecible. Quienes nos hemos opuesto al privilegio del antejuicio sostenemos que todo funcionario público debe rendir cuentas de su gestión y responder ante la ley cuando así sea llamado. Pero según la lógica tergiversada de algunos, la posibilidad de ser investigados y de responder por sus actos se limita sólo a aquellos funcionarios a quienes se les tiene desprecio o enemistad y a los rivales políticos, y al parecer sostienen que la inmunidad, que más bien es impunidad, es absoluta para sus aliados políticos y quienes les resultan útiles en la coyuntura. Así, ¿cuál es la lucha que libran?  En coro unísono entonaron como himno fantasmagórico “¡Golpe de estado!” para engrosar sus filas de temerosos ingenuos. Para mis amigos inmunidad, para mis enemigos la ley; pareciera ser su consigna subrepticia. La única congruencia que muestran es con los ideales tiránicos típicos de su ideología, donde el disenso es intolerable.

La actual Corte de Constitucionalidad ha superado con creces a las antecesoras en cuanto a lo antijurídico de sus fallos. Se ha extralimitado en sus funciones, ha usurpado las atribuciones de otros poderes del estado, así estemos en desacuerdo con las decisiones de dichos órganos, y ha violado preceptos procesales en materia de justicia constitucional. Su activismo político ha sido tan evidente como su irrespeto al Derecho. Y ello lo hemos sostenido reiteradamente juristas serios y sin los sesgos de la conveniencia ideológica ni política.

A qué intereses obedece la oposición a que un proceso en contra de ciertos funcionarios públicos siga su curso legal, cuando en otros casos exigen a gritos que se retire la inmunidad a otros funcionarios seriamente cuestionados. También se debe investigar qué posibles colusiones han existido y en función de qué intereses para llegar a los aberrantes fallos de la corte. El Congreso debe evaluar si hay méritos suficientes en la denuncia y, de ser así, deben ser las cortes quienes determinen de forma imparcial y sin presiones de ningún tipo si los abusos de la Corte de Constitucionalidad son o no constitutivos de delito.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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