Home > Columnas > Mas allá de CICIG, las lecciones importantes

Mas allá de CICIG, las lecciones importantes

Evolución

No pretendo ofrecer cómo se podría solucionar de forma inmediata o pronta el conflicto existente en este momento en Guatemala desatado por las acciones del gobierno, de la CICIG, de la Corte de Constitucionalidad, ONU, entre otros, el cual es a la vez alimentado por todos aquellos, prensa, oportunistas, grupos de presión y activistas ideológicos, todos radicalizados en posiciones extremas y fanáticas, atrincherados en ambos lados del conflicto. Cuyo precio lo pagamos los ciudadanos intelectualmente honestos que denunciamos los abusos y atropellos cometidos por los diversos actores que protagonizan esta lucha de poder entre sí, y por los militantes de cada bando antes resumidos, que, con sus acciones, los primeros, y sus consignas escandalosas y agresivas en afán de protagonismo entre sus correligionarios, los segundos, agravan la polarización y división entre la población, en función cada quien de sus particulares intereses.  Aun así, el número de quienes reconocemos los méritos y errores de los argumentos de los dos lados del conflicto, algunos pocos quienes así lo sostuvimos desde un inicio, viene en incremento. Quizá a algunos aún les haga falta descubrir la militancia oportunista y de conveniencia personal de los que presumen llamarse pensantes o formadores de opinión.  Más allá de la consignas propagandísticas, se trata de un conflicto jurídico complejo en el cual los cuatro partícipes principales, Gobierno, CICIG, ONU y Corte de Constitucionalidad, no han demostrado que están propensos a dirimirlo apegados al Derecho, al propio convenio, a la Constitución de Guatemala, ni a los principios generales y normas del derecho internacional.

Cuando la CICIG demostró algunos precarios pero aun así logros tangibles en la denominada “lucha contra la corrupción”, obtuvo la aprobación generalizada de la población, lo que posteriormente para muchos se convirtió en una popularidad fanática. No obstante que desde la concepción de la CICIACS y su versión diluida CICIG fui escéptico de la conveniencia al país de someternos a dicho experimento, una vez se vislumbraron algunos aciertos, fui claro en reconocerlos y en expresar mi respaldo a una labor bien encausada y sin tregua en contra de quienes, a todas luces, habían hecho del estado la fuente interminable de su corrupta riqueza. Desde luego que mi crítica constructiva no cesó y sostuve insistentemente que nuestra expectativa como ciudadanos era que todos esos crímenes descarados llegasen a condenas prontas y ejemplares y, sobre todo, fundamentadas en evidencias fehacientes y contundentes, dentro del marco del debido proceso, para no dejar lugar a duda que a dichos criminales les habría alcanzado la justicia de manera efectiva.

Quizá fui el único en apuntar que, más importante que persecuciones penales a ciertos funcionarios corruptos, la principal lección que nos legó esa organización es que la justicia es alcanzable en la medida en que los órganos estatales encargados de la persecución penal y de la administración de justicia sean verdaderamente independientes y que no estén supeditados a intereses políticos o de ningún tipo. Eso fue precisamente lo que nos demostró una organización ajena, y por ende independiente, al sistema político guatemalteco, injertada en la función de la persecución penal. Lastimosamente esa idea ha tenido muy poca resonancia entre la población que, hasta la fecha, se sigue peleando por imponer la idea que su bando tiene la razón absoluta.

Con la ola de credibilidad de la cual llegó a gozar CICIG, flotó hasta lo más alto de la cresta su prepotencia, y se inundó también el raciocinio de muchos, al grado de sostener que en esta nueva ola de cambio, la CICIG era infalible e incuestionable. Así se materializaron los temores que algunos pocos advertimos desde la proposición de la CICIACS, en el sentido que su poder podría degenerar en abusos si no era debidamente sometido a controles y contrapesos en el orden jurídico. La independencia, en cierta medida, se degradó a poder cuasi absoluto, el cual fue frenado, relativamente, más bien por el flexionar del poder político de detractores y adversarios, no así por un orden jurídico funcional.

Más allá de la confrontación actual, una vez entendamos cuál es el objetivo superior, deberemos entender que la única solución sensata y de largo plazo es una reforma institucional profunda al sistema de justicia. Algunos lo hemos sostenido de tiempo, y en mi caso incluso he planteado que la reforma al sistema electoral es un prerrequisito esencial, a manera de llegar a contar con una clase política cualitativamente mejor y respetuosa de las expectativas legítimas de la población. La meta debe ser una reforma constitucional seria, consciente y consensuada a todo el sistema de justicia basada en dos principios rectores como nos demuestran los recientes desmanes. Uno, la independencia de las instituciones de justicia del poder político y cualquier otro interés o influencia. Ello pasa por cambiar los mecanismos de designación de los funcionarios, quitarle a los políticos y grupos de interés la influencia en dichos procesos y sus resultados, y establecer los mecanismos de temporalidad de sus funciones que garanticen su independencia. Consolidar los mecanismos jurídicos republicanos de frenos y contrapesos que garanticen que la independencia no se convierta en libertinaje, abusos o activismos ideológicos, y que en todo momento y para cualquier funcionario o corte, su poder esté supeditado al Derecho.

TEXTO PARA COLUMNISTA