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¡Nunca más CICIG!

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RAUL FALLA

Kidon

La semana recién pasada, el gobierno de la República decidió poner fin al acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG. La decisión se fundamentó en que luego de once años y más de cuatrocientos millones de dólares, este experimento único en el mundo ha sido incapaz de cumplir con su mandato original.

Y esto obedece, a que las investigaciones que practicó este cuerpo paralelo de seguridad se llevaron a cabo de manera selectiva y desproporcionada, omitiendo perseguir a sus aliados políticos-ideológicos. Durante su decadente gestión, se violentaron de forma flagrante las garantías individuales de legítima defensa, presunción de inocencia y libertad individual de cientos de personas que hoy, se encuentran en prisión preventiva-definitiva. El fallecimiento de cinco inocentes y la brutal y cobarde golpiza del joven Zimmeri. Se persiguió a una familia de inmigrantes rusos, quienes obtuvieron documentación migratoria de manos de la propia Mayra Véliz López, cuando ocupó la Sub Dirección de Control Migratorio. Se utilizaron colaboradores falaces y declaraciones de peligrosos delincuentes que hoy han sido reincorporados a la sociedad y se persiguió y encarceló al hijo y al hermano del Presidente de la República, por un hecho que no es delito.

Se atacó la institucionalidad del país, pretendiendo reformar nuestra Constitución Política por medios no permitidos, se cooptó el Tribunal Supremo Electoral, para concretar un fraude electoral con miras a designar a una persona afín a sus perversos intereses. Se allanó ilegalmente la casa presidencial, así como el aeropuerto internacional La Aurora, y se pretendió por todas las vías defenestrar a quien ocupa la silla presidencial, por la voluntad soberana y democrática del pueblo de Guatemala.

Por ello, la decisión de dar por terminado el acuerdo no solo es acertada, sino que fundamentada en las atribuciones constitucionales que se asignan al Presidente de la República para tratar los asuntos de política internacional. Y por ello, debe sostenerse, pues, ninguna Corte nacional, aún en materia constitucional tiene la competencia necesaria para conocer contiendas de derecho internacional público, las cuales están reservadas con exclusividad a Cortes Internacionales, pues, por su naturaleza una corte nacional como la de Constitucionalidad, por ejemplo, carece de fuerza coercitiva para sujetar sus decisiones a estados o entes internacionales como la ONU, la Secretaría de las Naciones Unidas, o la extinta CICIG.

Como siempre, la gestión gubernamental fue aprobada por la gran mayoría de ciudadanos de este hermosos país, salvo por un puñado de apátridas y otros grupúsculos sediciosos de la supuesta sociedad civil, y una que otra embajada tendenciosa, quienes deberán recordar, primero, que Guatemala es un Estado libre e independiente, que delega su soberanía únicamente en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyo marco de funciones y atribuciones está taxativamente regulado en la propia Constitución Política, y segundo, la prohibición de agentes diplomáticos o de la comunidad internacional, para inmiscuirse en asuntos internos del país, bajo apercibimiento de expulsión, tal y como lo consagra la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Hoy, que gracias a los buenos oficios del Presidente de la República ha terminado de forma definitiva la CICIG, tocará hacer el recuento de daños, así como la estimación de acciones a ejecutar, tanto por parte del gobierno, como de los legítimamente afectados o sus herederos, iniciando con las judiciales penales, que deberán promoverse en contra de todos aquellos funcionarios y ex funcionarios públicos que un día utilizaron la toga para retorcer la ley en perjuicio del Estado y de las víctimas, acciones que deberán enfrentar solos, ya sin la protección impune que por muchos años les proveyó el ex comisionado Iván Velásquez Gómez.

Tocará también al Ministerio Público, que en uso de las atribuciones legales que le competen, proceda a realizar todas y cada una de las investigaciones penales en contra de cualquier persona o grupo delictivo organizado a quien CICIG omitió perseguir, iniciando con las estructuras criminales de narcos, mareros, sicarios, extorsionistas, secuestradores, traficantes de personas y armas, políticos y empresarios de izquierda, líderes de la autonombrada sociedad civil o supuestos defensores de derechos humanos que lucran con el conflicto armado interno, a efecto de capturarlos y procesarlos por sus crímenes.

“Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir llamará”.   #NuncaMasCICIG.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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