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Guatemala: El dilema fiscal frente a una economía abierta

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Crisol Literario

Guatemala pertenece al bloque de países cuya relación en materia de intercambio comercial se construye  bajo el concepto  de economía abierta desde la perspectiva de país hacia el mundo; pero a su interior, el mercado local guatemalteco se comporta con signos mercantilistas del pasado matizado con un enfoque neoliberal que para la nueva economía del Siglo 21, basada en un Estado social, este tipo de combinación han quedado disfuncionalmente en el pasado ya que al ser unidimensional solamente favorece el crecimiento económico, sin que el derrame de la riqueza proporcionalmente se derrame (Spillover) hacia la sociedad; desde luego, esta variable  junto a la corrupción y  la cooptación del Estado configuran un trípode cuya base superior está inmovilizada por un nudo gordiano que no permite el despegue hacia el desarrollo social, urgente en Guatemala.

Si esto no es cierto, veamos los Indicadores de Desarrollo Humano -IDH- en términos de pobreza y pobreza extrema; según la Encovi-2014, en el área rural guatemalteca 8 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza generalizada; y de estos, el 39.7 por ciento vive en pobreza extrema; en el mismo orden de ideas, uno de cada dos niños en Guatemala sufre de algún nivel de desnutrición (crónica, subyacente, o aguada). Así mismo, el fenómeno migratorio se agudiza con la consiguiente desintegración de hogares guatemaltecos debido a que como Estado no hemos brindado las condiciones mínimas (salud, educación, trabajo por la vía de las Mipymes en el interior del país, el turismo y artesanías no se han sabido aprovechar; etcétera).

Con relación al dilema fiscal se necesita generar confianza, efectividad en el gasto (debemos cambiar el enfoque, no es gasto; es una inversión) pública, priorizar la asignación de los recursos desde la ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado a lo largo de toda la cadena productiva, consensuar (con la iniciativa privada, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural -Conadur-, Cooperativas y Asociaciones) acerca del tipo impositivo adecuado que permita el nivel de recaudación óptima para cubrir los requerimientos de una sociedad  multidimensionalmente empobrecida: falta de salud, bajos niveles de educación, falta de trabajo formal, el setenta por ciento de la Población Económicamente Activa -PEA-  se encuentra en la informalidad; pocos espacios de recreación efectiva para las personas de la tercera edad o con presencia de algún tipo de discapacidad.

Resulta paradójico y hasta incomprensible que Guatemala siendo una de las economías más fuertes del área mesoamericana no haya diversificado su agroindustria ni su industria forestal a niveles competitivos.  Guatemala tiene la ventaja comparativa que la capacidad de su suelo y su orografía se adaptan al sistema forestal; aunque en la práctica, el uso mayoritario que se le da es eminentemente agrícola.  Por otro lado, las utilidades que rinden las grandes empresas no se reinvierten en el país, ni existe una Tasa Interna de Retorno -TIR- que permita reinvertir los capitales en el país; antes bien, el ochenta por ciento de estas rentabilidades se encuentra en bancos en el exterior y solamente el veinte por ciento (relación 80: 20) queda en el país para mantenimiento de las industrias ya establecidas. Con esto no se llega a ningún lado en materia de Desarrollo Social ya que no hay crecimiento industrial -Mipymes- al ritmo del crecimiento de la Población Económicamente Activa -PEA-; y más aún, se complica, ahora que estamos de Bono Demográfico en Guatemala.  Si no somos capaces de generar empresarialidad y fuentes  de empleo en el interior del país, la migración hacia centros urbanos y  al extranjero,  sería un hecho.

Guatemala, tiene todo para ser un gran país (una Constitución Política de primer orden, una fuerza productiva laboral de gran talento con calidad humana y una situación geográfica singular haciendo frontera con el bloque comercial más grande del mundo;  pero sin duda, Guatemala  necesita  de una recomposición en su estructura organizativa y para ello, se precisa crear cultura ciudadana que genere auditoría social efectiva en busca del equilibrio social que toda república reclama en su desarrollo socioeconómico. Pero…, para que el fortalecimiento de la relación Estado Sociedad en una vinculación de doble vía sea robusta, los funcionarios públicos deben cuidar la calidad del  gasto en la inversión y supeditarse al orden jurídico constitucional  en virtud que las dependencias de gobierno pueden hacer, lo  que la  ley  permite o faculta.


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