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La importancia del proceso electoral.

Divi Filius

La situación política de Guatemala haría pensar que el país no ha vivido tres décadas dentro del espectro democrático.  Por el contrario, en razón de los últimos sucesos acontecidos se podría pensar que el país estaría viviendo los primeros años de la transición democrática particularmente en razón de posible quiebre constitucional.  Si el término quiebre constitucional no apetece, al menos hay que apuntar que el flagrante desacato hacia la Corte de Constitucionalidad .por parte del Ejecutivo es un ´golpe blando´ o ´golpe frío´.   El muy particular hecho con respecto a que la vida cotidiana no parece desquiciarse no debe engañar a nadie pues la situación es seria.

¿Cuál es la seriedad del caso?

Lo serio de la situación trasciende en sí el debate con respecto a la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción e Impunidad (CICIG).  De hecho, perfectamente puede decirse que la experiencia CICIG ha concluido.  Lo serio, lo grave, lo aterrador del caso es que en ´plena madurez democrática´  estemos frente a un Ejecutivo que desconoce abiertamente y sin tapujos resoluciones de su propia corte máxima de justicia.  No solamente las desconoce sino en razón de su peso legislativo, decide abrir antejuicios contra los magistrados incómodos en un intento por apoderarse de la corte.  Es totalmente indiferente si usted lector se inclina hacia la izquierda, la derecha o el espectro del centro; lo descrito anteriormente debe preocuparle porque abre las puertas al precedente que alimenta todo intento de gobiernos autoritarios y dictaduras.

Debido al funcionamiento propio de un régimen presidencial cuyo diseño busca asegurar el mandato del presidente (o que politólogos llaman la indisolubilidad del mandato presidencial) no hay otra opción más que oxigenar el régimen político por vía del proceso electoral. A diferencia de un régimen parlamentario donde las elecciones pueden adelantarse si hay descontento generalizado con el primer ministro (ya sea directamente con la coalición gobernante o luego de un referéndum revocatorio) en los regímenes presidenciales esto no es una opción tan simple de poner sobre la mesa.  Lo único que puede proponerse es que el proceso electoral del año 2019 no sea entorpecido.  ¿Por cuál razón esto sería una posibilidad?  Pues por el simple hecho que un Ejecutivo que desconoce brutalmente a la instancia jurídica máxima no tendría ninguna dificultad en faltarle el respeto al Tribunal Supremo Electoral si esto conviniese a sus intereses políticos.

Todo esto puede sonar alarmista, pero en razón que el país parece tener un Ejecutivo que no respeta regla alguna, los temores están más que fundados.

Los sectores políticamente relevantes, a decir, empresarios, intelectuales, Iglesia Católica, universidades, alianza de sectores evangélicos y los grupos más representativos de la sociedad civil deben aglutinar esfuerzos para lograr que el proceso electoral se lleve a cabo. Y no solamente que se lleve a cabo, sino que tome lugar con base a un set muy particular de condiciones dentro de las cuales, se podrían distinguir tres condiciones elementales: 1) El Ejecutivo debe comprometerse a respetar las garantías individuales en la etapa preelectoral, electoral y poselectoral; 2) No debe por ninguna razón eliminarse el factor de observación electoral internacional.; 3) Los partidos políticos deben comprometerse a no radicalizar aún más el ambiente político.

La situación no es fácil.  El Ejecutivo con el apoyo de todas las cámaras empresariales y el estamento militar abonaron a un durísimo golpe al principio republicano de gobierno.  Y todo, por conflicto de intereses personales frente a CICIG.  Es aterrador pensar que por un temor irracional hacia la postulación de candidaturas de izquierda progresista (en Guatemala no hay izquierda radical) el procesal electoral se entorpezca o se violente de forma artificial.


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